Consideran un atentado contra los intereses de la población al promover la privatización del agua
Dos miembros del Colegio de Abogados de Puno han solicitado que la institución interponga una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1620, el cual consideran un atentado contra los intereses de la población al promover la privatización del agua.
Según los abogados, este decreto no solo apunta a privatizar las empresas de saneamiento, sino también las fuentes de agua, lo que podría afectar gravemente el acceso al recurso hídrico.
Los juristas argumentaron que la medida del Gobierno es contraria a los principios de equidad y justicia social, pues el agua es un bien público esencial para la vida y debe ser accesible para todos, sin restricciones comerciales.
La posible privatización, según ellos, conlleva riesgos de encarecimiento y limitaciones en el suministro, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables.
