El decano Fredy Ramos pidió una investigación inmediata y sostuvo que el caso podría constituir una violación de derechos humanos y el delito de tortura, además de solicitar la suspensión preventiva de los policías implicados mientras continúan las diligencias
El decano del Colegio de Abogados de Puno, Fredy Ramos, expresó su rechazo por la presunta agresión que sufrió el abogado Danilo Vargas dentro de la comisaría de Ayaviri, en la provincia de Melgar, y exigió una investigación inmediata para esclarecer los hechos.
Indicó que, si bien el letrado pertenece a otro colegio profesional, ello no impide que la institución se pronuncie en defensa del respeto a los derechos de todos los abogados y ciudadanos. En ese sentido, informó que solicitaron al Ministerio Público y al general de la Policía Nacional del Perú una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.
Ramos sostuvo que el caso no debe ser considerado únicamente como un presunto delito de lesiones graves, sino que podría configurar una violación de derechos humanos y el delito de tortura, debido a que la agresión habría sido perpetrada por varios efectivos policiales dentro de una dependencia del Estado.
Asimismo, señaló que los agentes involucrados ya fueron identificados y remarcó que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía no pueden incurrir en actos de violencia contra las personas que acuden a una comisaría.
También cuestionó que los policías señalados continúen desempeñando sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones. Por ello, informó que el Colegio de Abogados buscó reunirse con el jefe de la Región Policial para solicitar explicaciones sobre las acciones adoptadas y demandar la suspensión preventiva de los efectivos implicados.
Añadió que la institución insistirá en que se garantice una investigación transparente y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas durante las intervenciones policiales.
Finalmente, Ramos expresó su preocupación por los recientes casos de presuntos abusos policiales registrados en el país y consideró necesario revisar las normas que han otorgado mayores facultades de investigación a la Policía Nacional.
