El uranio, un elemento químico conocido por su radioactividad, está en etapa de exploración en la región altiplánica de Puno desde el año 2007. Sin embargo, hasta la fecha no hay respuestas claras del Estado peruano sobre reglamentos que puedan vigilar que su extracción no cause problemas en el medio ambiente ni en la salud de las más de 2600 personas que viven cerca del proyecto minero en el distrito puneño de Corani.
Desde su descubrimiento en 1789 y con un papel crucial en la energía nuclear y la fabricación de armamento, el uranio ha sido objeto de controversia. En el Perú tiene una historia que data desde hace más de 70 años, pero fue en 2019 que la entonces titular de la Dirección de Gestión Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Martha Vásquez, aseguró que “el Perú se encuentra en condiciones de poder realizar la explotación de uranio con la mayor responsabilidad y esfuerzo, conforme lo viene realizando con la minería convencional”.
Cuando dio esa declaración, el Perú ya tenía doce años de haber aprobado etapas de exploración del uranio. La empresa Macusani Yellowcake S.A.C., compañía que actualmente es la única que realiza actividades con respecto a este elemento químico, empezó sus trabajos de exploración en 2017. Con todo esta historia de exploración a cuestas, se realizó una búsqueda de los documentos que sustenten tanto en el Ministerio de Ambiente como en el Ministerio de Salud que se ha reglamentado a nivel nacional la evaluación y fiscalización de uranio. Lo que encontramos es que no existe normativa adaptada a Perú para esto. Entonces, ¿qué está pasando en esta concesión minera?
Más de 70 años de intentar explotar el uranio peruano
El interés por el uranio en el Perú se inició en la década de 1950, cuando el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos realizaron exploraciones en la meseta de Macusani, en la provincia de Carabaya. Los hallazgos iniciales despertaron la esperanza de que el país pudiera convertirse en un actor relevante en la industria del uranio. Sin embargo, a medida que los precios internacionales cayeron en las décadas de 1980 y 1990, el desarrollo de estos recursos se estancó, al igual que las investigaciones sobre la ubicación y distribución del uranio. Entre esos años, las exploraciones estuvieron a cargo del IPEN.
La situación cambió en la década del 2000, cuando el precio del uranio aumentó drásticamente, reavivando el interés en su exploración. Varias empresas mineras, principalmente canadienses y australianas, comenzaron a realizar estudios en el Perú, buscando aprovechar la creciente demanda. En 2005, la concesión fue otorgada a la empresas canadienses Vena Resources y Frontier Pacific. En 2007, la canadiense Global Plateau Energy Metal comenzó las exploraciones. Sin embargo, el desastre nuclear de Fukushima en 2011 generó un nuevo enfriamiento del interés debido a preocupaciones sobre la seguridad nuclear.
En 2017, Plateau Energy Metal vendió sus acciones a Macusani Yellowcake y esta entró en la escena del uranio. Es en ese año que descubrió el litio en el camino. En 2021, Macusani Yellowcake, dedicada tanto al litio como al uranio, fue adquirida por American Lithium, también de Canadá. Recientemente, en 2024, los proyectos de uranio, distribuidos sobre todo en el distrito de Corani, pero también en Macusani, fueron transferidos a una nueva empresa denominada Macusani Uranium S.A.C. Los de litio siguen siendo parte de American Lithium, denominada en Perú como Macusani Yellowcake.
Ausencias importantes
Los trabajos de exploración del uranio no han tenido la misma ruta de avance que el marco regulatorio tanto para la salud de los trabajadores ni para los 2667 pobladores de Corani, el distrito que tiene más influencia del proyecto minero.
Vajamos a Corani para recoger los testimonios de este grupo afectado. Lo primero que percibimos fue el miedo a declarar a un medio de comunicación. Existe un hermetismo fuerte que no deja que haya una conversación con una grabadora de por medio. Sin embargo, el sentimiento promedio es el temor por la ausencia de información adecuada sobre el uranio y su radiactividad, por la falta de medidas de seguridad o por los protocolos que se necesitan para su manipulación.
Luego de varios intentos, un poblador de Corani accedió a declarar, aunque con su identidad en reserva por seguridad. «Sabemos que nuestra zona es uranífera y (su explotación) puede generar ingresos significativos, pero antes de que se explote este mineral nos gustaría que se nos consulte e informe sobre su exploración y explotación”, comenta el joven. Él señala que, en las comunidades, la mayoría no conoce sobre su radiactividad. “Hay personas foráneas que llegaron a nuestra zona a investigar y nos mencionaron que este mineral es radiactivo y peligroso. La responsabilidad de esto recae en el Estado peruano. Nosotros queremos que se trabajen tanto el litio como el uranio, pero que nos informen sobre cómo nos afectará en la salud y el medio ambiente de nuestras comunidades», finaliza su testimonio.
La preocupación de esta ausencia de normativa es tanta que el propio gerente general de Macusani Yellowcake, Ulises Solís, señalaba en una entrevista periodística en 2018, hace seis años, que las normas para explotar el uranio eran “muy vagas”. “De qué me sirve explotar el uranio si no tengo una norma que regule el transporte o la comercialización, y eso es lo que estamos buscando”, decía Solís en ese momento.
El representante de Macusani Yellowcake mencionó en esa fecha que el Congreso de la República los citaba para trabajar en modelos de normas. Además, el entonces presidente Martín Vizcarra dijo en agosto de 2018 que en seis meses el gobierno peruano “probablemente aprobaría leyes para poder explotar litio y uranio”. Ya en ese momento se hablaba de un depósito con 124 millones de libras de uranio en Corani.
Se decidió confrontar a las instituciones públicas que durante años han debido hacerse cargo de construir e implementar estas normativas. Es así como se hicieron pedidos de información desde agosto de este año al Ministerio de Energía y Minas (MINEM); al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet); al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN); al Ministerio del Ambiente (MINAM); al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); y al Ministerio de Salud (MINSA).
En líneas generales, las respuestas fueron desalentadoras. Solicitamos al MINEM el estado de la concesión del proyecto de uranio y cómo se estaba avanzando con la evaluación ambiental de este. Lo que respondió el ministerio fue que tenían registrados avances en el proyecto de litio, pero no en el de uranio. Sobre el estado de la concesión, Ingemmet respondió que la información se encontraba en el sistema de información geográfica Geocatmin. En este portal hallamos que la empresa tiene decenas de concesiones mineras activas en el caso del uranio.
Por su parte, preguntamos a OEFA sobre los procesos de fiscalización que ha realizado a Macusani Yellowcake por su proyecto de uranio. Lo que respondió OEFA fue que ha multado dos veces en 2018 porque la empresa habilitó sin permiso la perforación, construcción de plataformas, pozas de lodos e instalaciones auxiliares que se desarrollaban en el proyecto de exploración Chacaconiza. Además, en 2022 le abre otra investigación porque al volver al campamento, comprobaron que no se habían resuelto la recomendación de cerrar estas instalaciones.
Pero acaso lo más grave es la ausencia de información por parte del MINAM. Ante la pregunta sobre los límites máximos permitidos con respecto al uranio y cómo estos eran usados para regular y fiscalizar la exploración y explotación de este elemento, el ministerio respondió en octubre que las consultas requerían un análisis y evaluación “que no estaban comprendidas dentro de los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Señaló, además, que la Plataforma de Atención a la Ciudadanía sería quien continuaría con el pedido. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido mayor respuesta.
Esta pregunta fue planteada porque accedimos a fuentes del MINAM que prefieren guardar anonimato y que señalaron que no existen normativas para regular el uranio. En una búsqueda intensiva en la web del MINAM, tampoco se encontró ningún documento que valide la existencia de una norma.
En tanto, el MINSA señala que no existe data epidemiológica sobre personas expuestas al uranio, ni reportes de intoxicación crónica o problemas relacionados con este elemento en el agua. Según los registros del Sistema de Información en Consulta Ambulatoria (HIS), no se dispone de datos epidemiológicos sobre problemas asociados a la exposición al uranio porque no se han realizado estudios al respecto.
Además, IPEN respondió que se ha recopilado material sobre investigaciones realizadas entre 1980 y 2022, con énfasis en el uranio en Perú. Además, a futuro, señalaron que analizarán los estudios relacionados con las técnicas de extracción, el tratamiento de minerales uraníferos y la producción de combustible nuclear. También se examinarán las investigaciones sobre la seguridad en el manejo del uranio, las normas internacionales para el transporte y almacenamiento de materiales radiactivos, así como la gestión de residuos provenientes de la industria minera del uranio, dada la importancia económica de este elemento.
Es decir, actualmente no hay estudios oficiales de cómo manejar la extracción del uranio.
Exigencias desde la sociedad civil
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), menciona a Sin Fronteras que el Perú tendría que contar con una legislación para minería de uranio. «Debería haber una legislación para la exploración y explotación del uranio, porque es un mineral radiactivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo menciona, señalando que el derecho a un medio ambiente saludable es un derecho humano fundamental y detalla las obligaciones de los Estados, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal», acota.
Además, Elizabeth Zamalloa, ingeniera geóloga de CooperAcción, menciona que en el Perú no tenemos experiencia ni conocimiento sobre los efectos que podría ocasionar el uranio en la salud humana. “Este año, el gerente general de la empresa Macusani Yellowcake afirmó que las personas conviven con el uranio sin problemas, incluso dijo que no existían casos de cáncer. Eso me preocupa mucho. Es posible que, si el uranio está encapsulado en una roca y no entra en contacto con el oxígeno, no reaccione, pero no es lo mismo consumir alimentos contaminados por uranio. Es un principio básico de química: el uranio no está en estado puro, sino en un complejo que se debe extraer a través de reacciones químicas”, dice.
Bladimir Martinez, ingeniero ambiental de la Red Muqui, hace hincapié en la facilidad que tiene el uranio para entrar al cuerpo en el aire, el agua, los alimentos o por contacto con la piel. “El uranio es un elemento químicamente tóxico, lo que significa que puede acumularse en el cuerpo de animales y humanos, afectando principalmente los riñones y el hígado. Las personas que viven en Corani y también los trabajadores pueden exponerse a su radiación si están cerca de esta sustancia. La exposición al uranio puede dañar la salud de las personas”, precisa.
Martinez menciona que el Estado peruano aprobó el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que establece los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el agua en Perú, crucial para proteger las aguas destinadas a la producción de agua potable. Esta ley permite concentraciones de hasta 0,02 mg/L de uranio en las aguas. Este límite es vital para salvaguardar la salud pública, especialmente en regiones como Puno, donde la explotación de uranio podría afectar las fuentes de agua.
El Ministerio de Salud resaltó a esta investigación periodistica que en la Red de Salud de Macusani Puno no existe a la fecha data epidemiológica respecto a personas expuestas al uranio, ni reportes de intoxicación crónica o aguda respecto a ese elemento. La Dirección Regional de Salud de Puno menciona que el 70% de la población ya se encuentra expuesta a metales pesados como cadmio, mercurio, arsénico y plomo, lo que agrava la urgencia de establecer medidas, acotó.
Bladimir Martinez de Red Muqui menciona que se requiere medidas de seguridad y control mucho más rigurosas para su explotación, transporte y uso. “Exponer cantidades excesivas de uranio a la superficie, sin el control adecuado, podría estar generando problemas de radioactividad y otros en la población y seres vivos aledaños”, menciona el experto.
Elizabeth Zamalloa, representante de CooperAcción, menciona que el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Medio Ambiente, e incluso las empresas mineras, deberían ser más transparentes con la información.
Advertencias desde España
José Ramón Barrueco, secretario de la campaña Stop Uranio de Salamanca, en España, en una entrevista a esta investigación, menciona que la historia de la mina de uranio de Berkeley Minera España ofrece lecciones valiosas sobre los peligros de la explotación de uranio sin regulaciones adecuadas.
«En Salamanca, donde estuvo la mina de uranio, había poblaciones cercanas dedicadas a diferentes actividades como el turismo, la agricultura y los negocios”, narra Barrueco. Él cuenta que la mina estaba en una zona protegida, pero el problema nació porque la empresa Berkeley Minera España ocultó información de que la mina era radiactiva. “Berkeley se presentó a los alcaldes con ofertas de dinero y convenios de colaboración para continuar operando y que no se opongan a la mina. Se firmaron documentos con los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, entre otros. En ellos, la empresa pidió que los técnicos municipales aceptaran el proyecto”, agrega el representante.
Tras años de oposición de las comunidades locales, grupos ecologistas y organismos gubernamentales, el proyecto fue finalmente paralizado en 2021. Los impactos negativos en la salud de los trabajadores y la contaminación del agua y el aire fueron factores determinantes en esta decisión. Más de 40 trabajadores fueron directamente afectados; con los años, ellos fallecieron con diferentes enfermedades, señala Barrueco. “Ahora, en toda España, no se puede hacer minería de uranio debido a su radiactividad, salvo que un gobierno que venga quiera cambiarlo», afirma.
Las lecciones aprendidas de este caso son especialmente relevantes para Perú, donde las comunidades locales aún carecen de la información en el debate sobre la explotación del uranio. Mientras tanto, el futuro es incierto. Aunque el potencial económico es considerable, ya que la libra de uranio se cotiza actualmente a más de US$100 y contamos con un depósito de 124 millones de libras, las preocupaciones sobre la salud pública y el medio ambiente son cada vez más apremiantes.
Autor: Valeria Cajia, periodista independiente.
