La Corte Suprema impone una pena efectiva por peculado doloso, pero Salaverry tiene la posibilidad de apelar la sentencia. Además, enfrenta sanciones económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos
El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha sido condenado a ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso, tras un fallo emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema este miércoles 12 de marzo. La magistrada Norma Carbajal informó que, en base a pruebas sólidas, Salaverry fue hallado culpable de apropiarse de recursos destinados a su semana de representación en su región, La Libertad, durante su tiempo como congresista entre 2017 y 2018.
Según la acusación, Salaverry utilizó de manera irregular S/ 10.000 asignados por la Dirección General de Administración del Congreso para cubrir gastos vinculados a su labor legislativa, pero no participó en las actividades previstas y no devolvió los fondos. Este incumplimiento, sumado a su falta de transparencia, originó la denuncia que culminó en la condena.
La sentencia incluye además una multa económica de 71.699 soles y una indemnización de 119.578 soles a favor del Estado. Asimismo, Salaverry ha sido inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier cargo público, lo que marca un golpe a su carrera política. Sin embargo, el excongresista tiene derecho a apelar la decisión y, por lo tanto, la ejecución de la condena ha sido suspendida hasta que la sentencia quede firme. Durante este proceso, Salaverry deberá cumplir con una serie de restricciones, como presentarse cada mes ante la autoridad judicial y obtener permiso para salir de su residencia.
En entrevista con un medio de comunicación, Salaverry expresó su rechazo a la sentencia y anunció que apelará, calificando la decisión de la magistrada Norma Carbajal como “una tremenda arbitrariedad”. Aseguró que buscará un fallo favorable en una sala permanente de jueces titulares para revertir lo que considera un “absurdo”.
Este caso pone en evidencia las irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados a la semana de representación de los congresistas, un mecanismo clave para que los legisladores mantengan contacto directo con sus electores y supervisen las necesidades de sus regiones. La condena a Salaverry ha generado un debate sobre la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
