Lamentan que, no haya sido posible concluir con el proceso de formalización, generando ampliación tras ampliación
Respecto a una reciente sentencia N°102 – 2025 del Tribunal Constitucional, donde determinan que los mineros informales no deben quedar exonerados de la responsabilidad penal por los delitos ambientales sólo por estar inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Jacinto Ticona, jurista puneño, indicó que, hubiera sido interesante que este fallo se emita, antes del vencimiento de la vigencia de la ley, es decir, por la sustracción de la materia no se pronunciaron, sabiendo que en la actualidad alrededor de 60 toneladas de oro ilegal salen del país cada año.
Precisó que, entre las observaciones que señaló, se encuentra: el proceso de formalización que viene desde el año 2002, desde entonces ha transcurrido alrededor de 20 años, pese a ello, en el país declaran de interés nacional el proceso de formalización debido a que muchas personas se dedicaban a la minería artesanal y la pequeña minería que está bajo la supervisión de los gobiernos regionales y no es de competencia del nivel nacional.
Lamentó que, no haya sido posible concluir con el proceso de formalización, generando ampliación tras ampliación, quedando la cuestión de fondo, a pesar de que el medio ambiente y los recursos naturales continúan siendo afectados, no hay un control adecuado por parte del estado para poder limitar los efectos contaminantes, que atenta contra los habitantes en sus mismos territorios donde las aguas contaminadas discurren en los ríos.
Enfatizó que, se necesita reforzar los mecanismos de control y acción por parte del estado, los diferentes niveles de gobierno deben de cumplir adecuadamente con sus funciones, pero los gobiernos regionales tendrían una intervención precaria porque no cuentan con el personal adecuado, no hay suficiente logística para que puedan desplazarse a todos los lugares donde hay actividad minera y se requiere una intervención ambiental para mitigar la contaminación.
Explicó que, la fiscalía en materia ambiental se ve limitado para intervenir cuando son mineros ilegales, respecto a la pequeña minería y minería artesanal que están con la formalización ahí recién pueden intervenir. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Puno, también tiene limitantes en cuanto a personal, sólo se contaría con dos a tres fiscales, siendo insuficiente para toda la región de Puno y la cantidad de casos que afecta el medio ambiente, donde el estado debe inyectar mayor presupuesto para fortalecer esta fiscalía.
