Congresistas puneños respaldaron legalmente la minería ilegal que hoy condenan: un doble discurso político que pone en riesgo vidas y evidencia la falta de coherencia en la lucha contra la criminalidad minera
Tras tomar conocimiento que algunos congresistas puneños votaron a favor de ampliación del Reinfo, entre ellos: Carlos Zeballos Madariaga (Somos Perú) y Oscar Zea Choquechambi (No Agrupado), y ahora, se solidarizan con las 13 víctimas de la minería ilegal en Pataz, cuando en realidad le dieron el respaldo legal para operar. Un doble discurso político que, sin duda, mata.
El ex congresista de la república de Puno, Orlando Arapa Roque, indicó que, es preocupante la decisión de los parlamentarios a pesar de que existe una delincuencia marcada en la actualidad por las mafias vinculadas a la minería ilegal, que pone, a la vez, en tela de juicio la coherencia política del Congreso de la República.
Consideró que, debieron haber bajado mínimamente a bases porque la agenda parlamentaria estaba programada con anticipación, para poder visitar los lugares donde se realiza actividades mineras, dialogar con los representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas a efectos de conocer estadísticamente cual es el impacto a nivel social, económico, actos delictivos y otros, para emitir una votación coherente.
Cabe precisar que, desde su implementación en junio de 2017, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha recibido más de 90 mil solicitudes. Sin embargo, solo 2.108 lograron culminar con éxito el proceso de formalización, es decir, apenas el 2.34 % del total. Una vez formalizados, estos salen del registro, lo que deja un enorme volumen de operaciones en proceso, muchas de las cuales siguen funcionando sin controles reales ni fiscalización efectiva.
Asimismo, el Reinfo, que inicialmente fue planteado como una herramienta transitoria para atraer a la legalidad a los pequeños mineros informales, terminó convirtiéndose en un salvoconducto para actividades ilegales, amparadas por la propia permisividad normativa del Congreso.
Enfatizó que, más allá de la votación de los congresistas falta una política del Estado, en el tema de Energía y Minas, a efectos de que la criminalidad y la ola delincuencial que está ocasionando la minería ilegal pueda parar.
