La Municipalidad de Lima destinó casi S/100 millones a un estudio legal extranjero. Tres contratos fueron ocultados pese a que la ley exige su publicación
En medio de crecientes cuestionamientos por el uso de fondos públicos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrenta una nueva controversia: ha ocultado el contenido de tres contratos millonarios con el estudio de abogados Boies Schiller Flexner, con sede en Nueva York, por un total de S/48.5 millones.
Según el portal oficial SEACE, que registra las contrataciones del Estado, tres de los nueve contratos firmados con el bufete no contienen información pública, a pesar de que la normativa vigente exige transparencia, incluso en adjudicaciones internacionales.
Estos contratos, fechados entre junio y septiembre de 2024, fueron destinados a asesoría legal contra Brookfield, empresa que administra la concesión de Rutas de Lima. La justificación oficial de la Municipalidad es que se trata de información “confidencial”, aunque otras seis contrataciones similares con el mismo estudio sí son públicas y detallan objetivos legales concretos.
Entre los contratos sí publicados se incluyen acciones como presentar denuncias ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) o analizar mandatos del Tribunal Constitucional del Perú sobre el cobro de peajes en Chillón. Sin embargo, en los contratos censurados no hay datos del propósito legal, monto desglosado, ni términos de referencia.
La sombra de la opacidad
El tratamiento diferenciado ha generado suspicacias. Documentos oficiales dirigidos al alcalde y firmados por el procurador municipal Diego Tapia Mazzotti aparecen en el SEACE con contenido tachado o cubierto por franjas negras, lo cual impide conocer las recomendaciones o evaluaciones legales previas a la contratación.
La ley es clara. Según la Directiva N°007-2025-OECE/CD del Organismo Especializado en Contrataciones Públicas (OECE), las entidades públicas están obligadas a publicar los informes técnicos, condiciones de contratación y contratos suscritos, incluso cuando se trate de servicios prestados en el extranjero.
Pese a reiterados intentos del medio La República para obtener una explicación de la Municipalidad, no se ha emitido una respuesta oficial hasta el momento.
Casi S/100 millones sin resultados
En total, el alcalde López Aliaga ha autorizado hasta ahora S/97.5 millones en contrataciones con Boies Schiller Flexner. Pese al desembolso, Brookfield no enfrenta actualmente ninguna investigación formal en Estados Unidos relacionada con la compra de acciones en Rutas de Lima, según confirmó la propia empresa.
Mientras tanto, crecen los cuestionamientos sobre el criterio, la legalidad y la transparencia de estas millonarias contrataciones realizadas por el alcalde capitalino.
