Rolando Jiménez calificó de inconstitucional la propuesta legislativa que amplía las competencias del fuero militar policial y alertó que procesos como las investigaciones por las muertes durante las protestas en Juliaca podrían dejar la justicia ordinaria
El abogado Rolando Jiménez cuestionó el proyecto de ley impulsado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que amplía la competencia del fuero militar policial para procesar presuntos delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones. A su criterio, la norma es «inconstitucional y anticonvencional», al considerar que contraviene la Constitución y tratados internacionales suscritos por el Perú.
Según explicó, tanto la normativa constitucional como los compromisos internacionales establecen que las presuntas violaciones a los derechos humanos y otros delitos comunes cometidos por efectivos militares o policiales deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria y no por el fuero militar.
Jiménez advirtió que, de entrar en vigencia la ley, procesos emblemáticos como las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas en Juliaca podrían ser derivados al fuero militar mediante una contienda de competencia, reduciendo según sostuvo las posibilidades de una investigación imparcial y de eventuales sanciones.
«Es una ley que va a garantizar la impunidad», afirmó el abogado, al señalar que delitos como homicidios o actos de tortura podrían ser considerados actos de función y, por tanto, ser juzgados por tribunales militares.
Asimismo, recordó que durante el gobierno de Alberto Fujimori existió una norma similar, la cual fue posteriormente derogada con el retorno a la democracia. En ese sentido, consideró que la propuesta representa un retroceso en materia de administración de justicia.
El especialista también hizo un llamado a los colegios de abogados del país para que se pronuncien sobre la iniciativa legislativa, al considerar que estas instituciones deben asumir un rol activo en la defensa del Estado de derecho y la democracia.
Finalmente, exhortó al Poder Ejecutivo a observar la autógrafa de ley para que sea debatida nuevamente por el Congreso, argumentando que una norma de esta naturaleza requiere un mayor análisis por sus posibles implicancias constitucionales y jurídicas.
