El analista Fernando Zambrano señaló que la efectividad de las medidas dependerá de su rápida implementación y de los resultados frente al crimen organizado.
Fernando Zambrano, analista político, advirtió que las facultades solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana no representan una solución inmediata al avance del crimen organizado y que su eficacia dependerá de la rapidez con que se implementen las medidas y de los resultados que produzcan. Señaló que el Congreso todavía debe aprobar la delegación en la Cámara de Senadores, por lo que las disposiciones aprobadas en Diputados aún no tienen rango de ley.
Consideró que uno de los principales riesgos es que, una vez otorgadas las facultades, el Ejecutivo demore en emitir los decretos legislativos. Recordó que en anteriores procesos se solicitaron facultades con carácter urgente, pero las normas recién fueron emitidas meses después. Por ello, sostuvo que el Gobierno debería tener preparadas las medidas para aplicarlas inmediatamente una vez aprobada la delegación.
Sostuvo, además, que la criminalidad actual ya no responde a estructuras delictivas aisladas, sino a organizaciones transnacionales, algunas de las cuales operan desde otros países o incluso desde establecimientos penitenciarios. Frente a ello, planteó que la respuesta requiere un esquema de inteligencia que trascienda las fronteras nacionales y permita desarticular las estructuras criminales, y no únicamente capturar a sus integrantes de manera aislada.
Respecto a la actuación de policías y militares, Zambrano destacó como uno de los temas relevantes la propuesta de establecer una presunción de actuación racional en legítima defensa cuando agentes del orden respondan a ataques armados. Sin embargo, remarcó que cualquier medida debe evitar excesos que puedan derivar en vulneraciones de derechos humanos.
Finalmente, señaló que la delegación de facultades no constituye un cheque en blanco, debido a que el Congreso conserva sus atribuciones de control político y fiscalización sobre las acciones que adopte el Ejecutivo.
