Especialista de la organización DAR señala que el proyecto del Ejecutivo no soluciona los vacíos del REINFO y permitiría que la minería ilegal siga operando bajo exenciones penales.
Iris Olivera, representante de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advirtió que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPI) no plantea cambios sustanciales respecto al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Por lo que mantendría vacíos en la fiscalización y la excepción de responsabilidad penal para los mineros inscritos. En entrevista con Radio Onda Azul, sostuvo que esta propuesta genera riesgos para el ambiente y la población. Esto debido a que no elimina las condiciones que han permitido que la minería ilegal se ampare en los procesos de formalización para continuar operando.
La especialista cuestionó que, pese a las sucesivas ampliaciones del REINFO, los avances en formalización sigan siendo limitados. Indicó que, durante varios años, solo se habría alcanzado alrededor del 7 % de formalización. Mientras que los instrumentos de gestión ambiental no han logrado una evaluación efectiva. Además, señaló que todavía está pendiente el sinceramiento de las ubicaciones y geolocalizaciones de las operaciones mineras. El censo minero continúa en proceso, lo que dificulta contar con información suficiente para implementar nuevas medidas.
También alertó que la continuidad de este régimen incrementa los riesgos de contaminación ambiental, vulneración de territorios y amenazas contra defensores ambientales y comunidades. Advirtió que la minería ilegal se ha vinculado con el crimen organizado y cuestionó que se invoque el derecho al trabajo para justificar nuevas ampliaciones. Todo esto sin garantizar condiciones laborales adecuadas ni una fiscalización efectiva. Añadió que los impactos podrían agravarse ante fenómenos climáticos como El Niño, que amenaza con intensificar las sequías e inundaciones.
Finalmente, la representante de DAR sostuvo que el Congreso debe evaluar la propuesta considerando la protección ambiental, la seguridad de la población y la responsabilidad de quienes desarrollan actividades mineras. Recordó que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en abril de 2025 sobre los límites a los regímenes que generan exenciones de responsabilidad. Advirtió que la iniciativa legislativa no resolvería suficientemente este problema.
