Amnistía Internacional detalló que, de los 17 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas sociales, 13 casos deben ser constituidos como ejecuciones extrajudiciales, es decir se ha disparado con la intención de matar.
A su llegada al distrito de San Miguel, provincia de San Román, la directora de Amnistía Internacional Perú, María Navarro, informó que durante el trabajo que desarrollaron en su informe denominado “Racismo Letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegitimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, tienen nuevos hallazgos sobre los hechos suscitados el pasado 9 de enero.
En ese sentido detalló que durante sus investigaciones se analizó que, de los 17 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas sociales, 13 casos deben ser constituidos como ejecuciones extrajudiciales, que quiere decir jurídicamente que se ha disparado con la intención expresa de matar a un individuo.
80% de los fallecidos y heridos pertenecen a pueblos indígenas o comunidades
Así mismo resaltó que los asesinatos cometidos en Juliaca, se produjo con un sesgo claramente racial, ya que el 80% de los fallecidos y heridos pertenecen a pueblos indígenas o comunidades campesinas, “el informe arrojó que casi todas las víctimas son del sur andino, donde se ha tenido el uso de armas letales, lo que nos llama la atención porque ello no ha ocurrido en otras regiones donde también se ha realizado protestas sociales, caso de Lima por ejemplo”, detalló.
Amnistía Internacional presentará informe final a Dina Boluarte
En la misma línea, resaltó que se ha solicitado una reunión con la presidenta de la República Dina Boluarte, donde se pretende presentar el informe final de Amnistía Internacional, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta por parte de la jefa de estado.
“Añadido a ello, se pretende entregar más de 200 mil firmas de 20 países de personas que exigen que haya justicia ante estos hechos lamentables que se ha suscitado en Juliaca”, detalló
Reunión con la Fiscal de la Nación
Sin embargo, María Navarro, informó que se ha sostenido una reunión con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha señalado que, si bien es cierto las carpetas fiscales de todos los departamentos donde se ha producido estos desenlaces fatales fueron llevado al Ministerio Público de Lima, existe el compromiso de que los fiscales encargados de llevar el caso se trasladen a las diferentes regiones para continuar con las investigaciones correspondientes.
Finalmente refirió que, tras los hechos suscitados en la presentación del informe de Amnistía Internacional en Lima, por parte de un grupo de extremistas denominados “Los Combatientes”, se viene evaluando una denuncia debido a que a su llegada intempestiva hubo agresiones verbales y físicas en contra del Organismo Internacional y de los familiares de los fallecidos que se encontraban en el lugar.
