El abogado y analista político, Tirso Vargas, señaló que la crisis política que existe en el país ha descubierto que detrás de Dina Boluarte y Alberto Otárola “existe un poder bajo la sombra” que quiere continuar teniendo el control del país, para respaldar sus intereses económicos, a costa de la crisis social y la pérdida de vidas humanas.
Indicó que, a este grupo de poder no le conviene que exista nuevos representantes en el poder Ejecutivo y Legislativo, porque quieren respaldar los más de 673 proyectos ley que deben ser renovados en el año 2023, protegiendo sus intereses económicos que actualmente se encuentran blindados con el artículo N° 62 de la Constitución Política del Perú, donde se lee los siguiente:
“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley”.
En ese contexto, destaco que desde el año 1991 no podemos renegociar con las grandes empresas, sobre los términos de impuestos o regalías a pesar del incremento de precios que se evidenció a nivel internacional, durante las tres últimas décadas, porque la constitución política resguarda la inversión privada.
Explicó que, ante un escenario de renuncia de Dina Boluarte, se cumplirá con la sucesión constitucional, según lo indica el artículo N° 115 de la Constitución “Si el impedimento es permanente, el presidente del congreso convoca de inmediato a elecciones generales”.
Precisó que, el congresista que asuma la presidencia durante el periodo de transición, debería plantear a consulta popular la aprobación de una asamblea constituyente, porque hasta el momento somos el único país en toda América Latina que tiene una dictatura constitucional.
