Tras el asalto a la Corporación Minera Ananea, donde habrían sustraído aproximadamente 18 kilos de oro, los pobladores de La Rinconada y Lunar de Oro exigieron sanciones para los detenidos y mayor seguridad en la zona minera
Más de 500 pobladores de los centros poblados de La Rinconada y Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, viajaron hasta Juliaca para exigir justicia por el asalto perpetrado contra la Corporación Minera Ananea, donde, según denunciaron, fueron sustraídos aproximadamente 18 kilos de oro. Los manifestantes demandaron que se declare fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra los detenidos y, principalmente, exigieron la declaratoria de estado de emergencia ante los constantes asaltos, extorsiones, asesinatos y hechos de sicariato que afectan a esta zona minera de la región Puno.
Con carteles en mano, los pobladores realizaron un plantón en los exteriores de la sede de la Depincri, donde permanecen detenidos los investigados. Señalaron que la inseguridad se ha convertido en una amenaza permanente para los trabajadores, empresarios mineros y sus familias. Indicaron que el oro sustraído estaba destinado al pago de los trabajadores y otras obligaciones de la actividad minera. Frente a esta situación, solicitaron la intervención inmediata del Gobierno nacional, regional y local, así como el reforzamiento de la presencia policial, la instalación de una base militar y la adopción de medidas urgentes para recuperar la tranquilidad en La Rinconada y Lunar de Oro. Asimismo, cuestionaron que, pese a los constantes hechos delictivos, todavía no exista una respuesta efectiva de las autoridades frente a sus reiterados pedidos de declaratoria de emergencia.
Por su parte, el abogado de la Central de Cooperativas Mineras, Samuel Ccari Yana, manifestó su confianza en el Ministerio Público y el Poder Judicial para que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva. Además, advirtió que las investigaciones podrían revelar la existencia de una presunta organización criminal detrás de estos hechos delictivos. Precisó que, durante los allanamientos, se habría encontrado dinero, material aurífero presuntamente sustraído de empresas mineras y armamento. Estos elementos, a su consideración, deben ser investigados a profundidad por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y la Policía de Alta Complejidad, a fin de identificar a todos los posibles involucrados.
Los pobladores también expresaron su agradecimiento a la Policía Nacional por el operativo realizado y la captura de ocho investigados. Sin embargo, señalaron que en este hecho delictivo habrían participado más sujetos que aún estarían pendientes de identificación y captura. Por ello, exhortaron a continuar con las investigaciones para dar con todos los involucrados y desarticular las presuntas organizaciones criminales que operan en la zona.
Finalmente, los manifestantes se movilizaron por distintas calles de la ciudad de Juliaca y advirtieron que estas capturas deben marcar el inicio de una lucha frontal contra la delincuencia en la zona minera. Su principal exigencia es que no haya impunidad y que se garantice la seguridad de quienes trabajan y viven en los centros mineros. Mientras se desarrollaba la audiencia judicial, programada para las 8:00 a. m., la población mantenía su expectativa por una decisión conforme a ley y reiteraba su pedido urgente al Gobierno: declarar en estado de emergencia a La Rinconada y sus zonas de influencia para frenar la ola delincuencial que mantiene en zozobra a sus habitantes.
