Polémica por aprobación de la Ley APCI en el Congreso, organizaciones de derechos humanos advierten que la norma pone en riesgo el acceso a la justicia y la libertad de asociación.
Tras darse a conocer que el Congreso aprobó este miércoles la Ley APCI, generando críticas por las maniobras utilizadas para su votación, como la exoneración de la segunda votación y el adelanto del debate que estaba previsto para el jueves de manera presencial que dejó sin oportunidad de participación a varios legisladores que se oponían a la normativa, Marina Navarro, representante de Amnistía Internacional en Perú, advirtió que la ley pone en riesgo el acceso a la justicia de ciudadanos afectados por violaciones a los derechos humanos, represión estatal, contaminación ambiental o violencia de género.
Señaló además que, la ley establece un mayor control sobre las organizaciones que reciben financiamiento extranjero, incluyendo no solo ONGs, sino todo tipo de entidades. Además, se aprobó un texto diferente al discutido en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil.
“Uno de los puntos más polémicos es la facultad que se otorga a la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar el uso de recursos y donaciones, especialmente en casos en los que estos se utilicen en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano, esto podría afectar a organizaciones que defienden a ciudadanos en tribunales internacionales”, dijo.
Asimismo, puntualizó que desde los diversos sectores de la sociedad civil han solicitado al Ejecutivo que no promulgue la norma, por considerarla una amenaza a la libertad de asociación, la participación ciudadana y la transparencia. También han instado al gobierno a respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Todo lo que hagan las organizaciones de la sociedad civil con fondos internacionales deberá ser aprobado por el Estado, lo que deja estas decisiones a la discrecionalidad de las autoridades. Esto puede implicar la eliminación del registro en la APCI de aquellas organizaciones que critiquen al gobierno”, advirtió la directora de Amnistía Internacional Perú.
