El presidente de la República, Pedro Castillo, observó la ley que fue aprobada por el Congreso, en la que establecía procedimientos para nombrar a ministros y viceministros de Estado, argumentando que no cuenta con respaldo constitucional.
El documento que fue remitido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), lleva las firmas de Castillo y del primer ministro, Aníbal Torres.
Entre las observaciones, el Gobierno indica que no hay justificación constitucional en esta ley al considerar que al evitar que procesados y sentenciados asuman cargos de ministros y viceministros, se estaría vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de los mismos.
En ese sentido el Ejecutivo señala que se debe usar un test de proporcionalidad al momento de aprobar una norma de este tipo en la cual se evalúen tres aspectos: la idoneidad, la necesidad y el principio de proporcionalidad.
“Al no contar los dictámenes referidos a la autógrafa de ley con el respectivo test de proporcionalidad que permite determinar la constitucionalidad de la restricción del derecho fundamental a la presunción de inocencia, se puede afirmar que la misma no se encuentra adecuadamente sustentada”, señala el oficio remitido por el Ejecutivo.
La norma que el presidente y el premier devolvieron al Congreso, exige que todos los aspirantes a ser ministros presenten una declaración jurada de que cumplen los requisitos y detallando el estado de investigaciones fiscales y procesos judiciales que los involucran.
No pueden ser designados en cargos ministeriales aquellas personas que tienen una acusación fiscal o juicio por terrorismo o tráfico ilícito de drogas.
Fuente: Gestión
