En un informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado Peruano violó gravemente los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza durante las protestas en regiones, como Puno.
Como se recuerda, las manifestaciones iniciaron tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo y la asunción de cargo de Dina Boluarte. Según el informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que «la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos».
De la información que recabaron de Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la comisión afirma que la reacción de las fuerzas del orden, a cargo del Gobierno, estuvo «caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza».
En el caso de Juliaca, argumenta que la grave violación de derechos humanos no solo habría sido contra manifestantes, sino también contra terceras personas ajenas a las protestas sociales. “En esa ciudad (Juliaca) se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas” se observa en el documento.
En tanto, refiere que, estos hechos iniciaron con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto. “Como fuera indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas”.
Al respecto, uno de los abogados que acompañan a las familias afectadas, Cesar Quispe, informó que, este informe sigue reforzando las graves violaciones de derechos humanos del gobierno de Dina Boluarte en contra de ciudadanos. “El informe sigue reforzando a todos los informes conocidos por las diferentes misiones internacionales” dijo.
Recuerda que, la comisión llegó a la región Puno el 12 de enero, en el que logró contactarse con representantes de las familias afectadas por los hechos de violencia ocurridos el 9 de enero.
