La Comisión Interamericana denuncia que la norma aprobada en primera votación es incompatible con los estándares internacionales y podría obstaculizar la justicia en casos de desapariciones, torturas y ejecuciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este sábado con firmeza en contra del proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso del Perú, que plantea una amnistía para policías, militares y funcionarios involucrados en delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980‑2000).
A través de un comunicado, el organismo internacional alertó que esta norma representa un grave retroceso en el acceso a la justicia para las víctimas de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
“Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción o que excluyen de responsabilidad penal para impedir la investigación y sanción de crímenes graves”, enfatizó la CIDH, recordando que ninguna norma interna puede bloquear el derecho a la verdad y la justicia en casos de derechos humanos.
Una ley polémica y exprés
La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que se extendió hasta pasada la medianoche del jueves. Su rápida inclusión en la agenda fue posible gracias a un acuerdo en la Junta de Portavoces, permitiendo que el proyecto pase a dictamen en menos de 72 horas.
El principal impulsor fue el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, quien defendió la iniciativa afirmando que los procesos judiciales contra militares y policías “se han vuelto eternos” y que la ley busca terminar con una supuesta “persecución judicial”.
Graves advertencias y posibles casos afectados
Sin embargo, tanto la CIDH como organismos nacionales de derechos humanos y legisladores de oposición han alertado que esta norma podría generar impunidad en casos emblemáticos como El Frontón, Accomarca, Cayara, Manta y Vilca, Cashahui y Putis, todos relacionados con crímenes de lesa humanidad.
La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) denunció que la ley carece de precisión jurídica y podría utilizarse como una herramienta para encubrir responsabilidades penales de agentes del Estado implicados en masacres.
Choca con la jurisprudencia internacional
La CIDH recordó que este tipo de leyes ya han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Interamericana en casos como Barrios Altos, estableciendo que las amnistías que impiden juzgar violaciones a los derechos humanos son nulas de pleno derecho.
“Solicitamos al Estado peruano que derogue los artículos de la reforma aprobada que sean contrarios a estándares interamericanos sobre derechos humanos”, señala el comunicado del organismo, en una advertencia directa al Gobierno y al Congreso.
Lo que viene
Para que la ley entre en vigencia, aún debe superar una segunda votación en el Pleno, aunque diversos sectores ya han anunciado acciones legales y constitucionales para frenar su avance. La comunidad internacional, por su parte, seguirá de cerca la evolución del debate.
Este nuevo capítulo evidencia una creciente tensión entre el Congreso y los organismos de derechos humanos, en medio de una agenda legislativa que, para muchos, apunta a la consolidación de una cultura de impunidad en el país.
