Comuneros de San Antón denuncian presunto abuso judicial en disputa por terrenos comunales y señalan a minera Minsur


Comuneros de San Antón denuncian presunto abuso judicial

Percy Añasco Tapia señaló que una inspección ocular realizada por un juez de Melgar habría vulnerado los derechos territoriales de la comunidad y anunció que solicitarán garantías para proteger sus tierras, adjudicadas desde 1986

Una delegación de pobladores de la comunidad campesina de San Antón, provincia de Melgar, llegaron a la ciudad de Puno para realizar un plantón en los exteriores de la Corte Superior de Justicia y denunciar un presunto abuso durante una inspección ocular realizada el 30 de octubre por un juez de Melgar. Percy Añasco Tapia, comunero antiguo de esta localidad, sostuvo que la diligencia se desarrolló en terrenos de propiedad comunal, donde se habría constatado una posesión colectiva y no la existencia de parcelas individuales.

Explicó que, la inspección correspondía a un proceso de interdicto de recobrar, relacionado con la presunta posesión anterior de terceros sobre esos terrenos; sin embargo, afirmó que la diligencia no pudo continuar debido a la defensa de sus tierras por parte de los comuneros. Asimismo, denunció que detrás de la disputa estaría la empresa minera Minsur, a la que acusó de utilizar a pobladores de comunidades vecinas mediante ofrecimientos de trabajo e incentivos económicos para favorecer sus intereses sobre el territorio.

El comunero, señaló que, la zona en controversia sería de interés minero por la presencia de estaño y la actividad de explotación y exploración que desarrolla Minsur en sectores cercanos. También cuestionó la utilización de una sentencia judicial de un proceso de hace más de 30 años para involucrar a la comunidad, pese a que no fue parte demandante ni demandada en ese caso.

Finalmente, Añasco Tapia indicó que los comuneros buscan poner estos hechos en conocimiento de las autoridades judiciales y que posteriormente presentarán documentos y solicitarán garantías para proteger sus territorios. Sostuvo que la comunidad tiene derechos sobre esas tierras desde 1986, año en que fueron adjudicadas bajo decreto supremo.