A través de los servicios de control posterior, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio contra el Estado de más de S/ 7 millones durante el año 2021. La institución refiere que, debido a irregularidades cometidas en el accionar de 184 funcionarios y servidores públicos se habrían cometido irregularidades.
Los 184 funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal, civil y administrativa, así lo determinan 31 informes de servicios de control específico y auditorías de cumplimiento ejecutados.
En un balance de control en el año 2021, reflejado en 837 informes de control simultáneo, la Contraloría alertó a las entidades públicas para que puedan subsanar observaciones que ponen en riesgo el correcto uso de los recursos públicos en la ejecución de obras, servicios o adquisiciones, informó el gerente regional de Control de la Contraloría en Puno, Vladimiro Vegas Palomino.
Entre los reportes emblemáticos que maneja la institución se evidencia que la Municipalidad Provincial de San Román, a través de una ordenanza municipal, aprobó descuentos del importe de multas por infracciones de tránsito de las calificaciones leves, graves y muy graves, impidiendo el cobro de la totalidad del importe establecido, lo que generó un perjuicio económico de más de S/2 millones 151 mil soles.
En la Municipalidad Provincial de Melgar, se determinó un perjuicio económico de S/287 mil 936 por la omisión del cobro de penalidades por mora y otras en la ejecución de caminos vecinales de Ñequecota – Cangalli de los distritos de Santa Rosa y Nuñoa.
Asimismo, el gerente informó que evidenciaron que, la Universidad Nacional del Altiplano, con presupuesto del Comedor Universitario adquirió arroz, sin mediar un procedimiento de selección, y dándole a dicho producto un destino diferente a los objetivos previstos, afectando al correcto funcionamiento de la administración pública, perjudicando económicamente a la entidad por el importe de S/ 332 mil 458 soles.
