Especialistas y representantes de la sociedad civil expresan preocupación por los cambios en investigaciones de derechos humanos y cuestionan propuestas sobre seguridad ciudadana
Crecen las alertas por la crisis en el sistema de justicia en el Perú. Tras los recientes cambios en la Fiscalía, se reveló la retirada de los fiscales a cargo de investigar la masacre ocurrida en Carabaya el pasado 18 de enero de 2023.
Esta decisión genera enorme preocupación, ya que se trataba de un proceso bastante avanzado que estaba a punto de pasar a una etapa clave para sancionar a los responsables.
A esta polémica se suma la solicitud de un efectivo de la Policía Nacional para trasladar su caso al fuero militar policial, tras ser investigado por el intento de homicidio de un ciudadano durante las protestas en Apurímac. Especialistas señalan que este pedido busca respaldarse en la reciente y cuestionada «Ley Rospigliosi», una norma calificada por diversos juristas como inconstitucional por vulnerar tratados internacionales de derechos humanos.
Desde diversos sectores de la sociedad civil y del ámbito legal, se advierte que estas medidas forman parte de un paulatino desmantelamiento de las instituciones judiciales iniciado en diciembre de 2022. Pese al esfuerzo de familiares y abogados que han acumulado cientos de pruebas sobre las violaciones a los derechos humanos, el constante cambio de jueces y fiscales deja un panorama incierto y sombrío para el acceso a la justicia.
Por otro lado, existe un duro cuestionamiento hacia las propuestas del Ejecutivo sobre seguridad ciudadana, las cuales apuestan principalmente por desplegar al Ejército en las calles y penales. Analistas aclaran que las Fuerzas Armadas no cuentan con la preparación adecuada para el control del orden interno, advirtiendo que sacar a los militares sin abordar los problemas de fondo como la pobreza o la prevención del delito resulta una medida insuficiente y desesperada.
Finalmente, ante el discurso oficial que acusa a la protesta social de atentar contra el Estado de derecho, diversos juristas responden que han sido las propias autoridades e instituciones las que han resquebrajado el orden constitucional y la separación de poderes. Mientras tanto, desde la ciudadanía se exige que el sistema de justicia trabaje con imparcialidad y sin injerencias políticas para garantizar los derechos de todos los peruanos.
