La senadora Mirtha Vásquez denunció presuntas «puertas giratorias» en el Minem tras el financiamiento al cierre de la unidad Florencia Tucari y advirtió posible denuncia constitucional.
Mirtha Vásquez Chuquilín, senadora de la República, cuestionó que el Estado peruano asuma con recursos públicos los costos de remediación ambiental ocasionados por empresas mineras. Señaló que se les debe exigir responder por los daños que generan. Durante una entrevista con Radio Onda Azul, calificó como un caso escandaloso la situación vinculada a la unidad minera Florencia Tucari, en Moquegua. Asimismo, cuestionó al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní. El titular del sector se desempeñó anteriormente como gerente general de una empresa minera. Vásquez criticó que haya firmado la Resolución Ministerial N.º 407. Dicha norma dispone la transferencia de 6 millones 624 mil soles para financiar acciones de cierre de minas.
La senadora sostuvo que este caso evidencia un posible conflicto de intereses y lo que denominó «puertas giratorias». Este término alude al paso de funcionarios de empresas privadas a cargos públicos. Desde allí podrían favorecer intereses empresariales.
Asimismo, cuestionó que el Tribunal Constitucional haya dispuesto que el Estado asuma los costos de remediación. Esto ocurrió luego de que la empresa atribuyera la contaminación a factores ajenos a sus operaciones. Vásquez consideró que estos mecanismos trasladan a los ciudadanos la responsabilidad económica. Dicha carga debería corresponder a las compañías mineras.
Respecto al caso de la unidad minera Aruntani, en la región Puno, Vásquez señaló que existe preocupación porque los recursos públicos terminarían financiando el cierre y la descontaminación ambiental. En ese contexto, indicó que podría proceder una denuncia constitucional contra el ministro Shinno. El motivo sería un presunto conflicto de intereses y el incumplimiento de sus deberes constitucionales.
Finalmente, la senadora exhortó a la ciudadanía a mantener vigilancia sobre las decisiones del Congreso y las autoridades nacionales. Señaló que existe una mayoría parlamentaria que respalda normas cuestionables.
Advirtió que la falta de fiscalización ciudadana permite la aprobación de disposiciones difíciles de revertir posteriormente. Sostuvo que la población no debe agradecer el financiamiento estatal de daños ocasionados por empresas, sino exigir que estas asuman sus responsabilidades.
