El analista afirmó que el combate al crimen organizado requiere fortalecer a la Policía, la inteligencia y las reformas institucionales, y advirtió que el despliegue de las Fuerzas Armadas solo genera una sensación temporal de seguridad
El analista sostuvo que la presencia de militares en las calles puede generar una sensación temporal de seguridad, pero advirtió que no ataca las causas estructurales del crimen organizado ni fortalece el trabajo de inteligencia, investigación y persecución de las organizaciones delictivas. En ese sentido, señaló que el combate a la inseguridad requiere una planificación integral y una Policía debidamente equipada y fortalecida.
Asimismo, Manzaneda afirmó que recurrir de manera recurrente a las Fuerzas Armadas evidencia las limitaciones del Estado para enfrentar la criminalidad con los mecanismos ordinarios. Añadió que la lucha contra la delincuencia debe estar acompañada de reformas institucionales, una mejor coordinación entre las autoridades y políticas de prevención que reduzcan el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas criminales.
El especialista advirtió que la militarización de la seguridad ciudadana entraña serios riesgos para los derechos civiles y remarcó que experiencias similares en otros países de la región no han logrado resolver los problemas de fondo contra el crimen organizado.
Manzaneda cuestionó la reciente designación de Hugo Antonio Cornejo Valdivia como nuevo director de Inteligencia Nacional de la DINI. Señaló que reciclar a funcionarios con antecedentes cuestionables o con resultados negativos no resolverá la crisis de inseguridad. Respecto al pedido de facultades delegadas que evalúa el Ejecutivo para presentar ante el Congreso, Manzaneda sostuvo que más allá de leyes populistas, lo que el país requiere es dotar de recursos y aplicar planes estratégicos ya existentes, como el plan Mariano Santos, para fortalecer verdaderamente a la policía.
Finalmente, indicó que las medidas anunciadas por el Ejecutivo deben traducirse en resultados concretos para la ciudadanía y no limitarse a anuncios de impacto político. Según expresó, la población demanda acciones sostenibles que permitan reducir los índices de criminalidad y recuperar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden y la seguridad.
