Los cuerpos de los menores, desaparecidos desde diciembre en Guayaquil, fueron hallados en estado incinerado en la provincia de Guayas. La justicia investiga el caso de presunta desaparición forzada que involucra a 16 militares
La Fiscalía General de Ecuador ha confirmado este martes que los cuatro cuerpos hallados incinerados en la localidad de Taura, en la provincia de Guayas, corresponden a los menores desaparecidos el 8 de diciembre. Los adolescentes Saúl Arboleda (15), Steven Medina (14) y los hermanos Josué (12) e Ismael Arroyo (11) habían sido transportados por una patrulla militar y se encontraban desaparecidos desde esa fecha.
Después de realizar exhaustivas pruebas de ADN, los equipos forenses confirmaron la identidad de los cuerpos, lo que generó una profunda conmoción en el país. La tragedia ha desatado una ola de indignación y dolor en Ecuador, mientras las autoridades se enfrentan a un caso que involucra la presunta desaparición forzada de los menores durante un operativo militar en el sur de Guayaquil.
La noticia fue recibida con consternación por parte de autoridades locales, quienes no dudaron en calificar los hechos como “inaceptables”. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expresó su dolor y frustración a través de las redes sociales: “Qué dolor cerrar el año con esta tragedia que enluta al país. Es inaceptable que la vida de nuestros niños termine de esta manera. Que el miedo no nos silencie, y que la solidaridad se transforme en la voz que exija justicia para que nunca más se repita algo así”.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se mostró indignado, indicando que el dolor de los padres “no será calmará” y que los responsables, “directa o indirectamente”, deben ser juzgados por el crimen. “Nada les borrará la marca de asesinos”, afirmó.
Prisión preventiva para 16 militares
En un giro importante, la justicia dictó prisión preventiva para 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quienes están siendo investigados por su presunta implicación en la desaparición forzada de los menores. La orden fue emitida minutos antes de que la Fiscalía confirmara la identidad de los cuerpos, en una audiencia reservada en la que se presentaron testimonios de familiares y testigos, así como pruebas forenses y de video que apuntan a la participación de los militares en el caso.
El juez que atendió el caso basó su decisión en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, que sustentan la presunta participación de los procesados en los hechos ocurridos el 8 de diciembre, cuando los menores fueron detenidos y transportados por personal militar durante un operativo en la zona sur de Guayaquil, específicamente en el sector de Las Malvinas.
El caso de desaparición forzada conmueve al país
El 25 de diciembre, la jueza Tanya Loor declaró el caso como “desaparición forzada” y destacó que los 16 militares involucrados no cumplieron con los protocolos establecidos ni solicitaron la cooperación de la Policía Nacional. Este fallo se suma a las crecientes demandas de justicia por parte de la sociedad ecuatoriana, que ha expresado su repudio a los hechos.
El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para esclarecer los hechos y garantizar que no habrá impunidad. “La institución no encubrirá a los responsables y colaborará con la Fiscalía”, expresó, mientras ordenaba sanciones internas si se determina alguna responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, calificó el hecho como un “incidente” que debe ser investigado administrativamente dentro de la Fuerza Aérea, aunque aseguró que será la justicia quien determine las responsabilidades.
Reacciones y llamados a la justicia
Este caso ha generado una fuerte condena no solo en Ecuador, sino también a nivel internacional, especialmente entre organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se espera que las investigaciones lleguen a fondo y que todos los responsables, ya sean militares o civiles, enfrenten las consecuencias de sus actos.
La comunidad internacional y la sociedad civil han unido su voz para exigir justicia y una solución definitiva que asegure que algo tan doloroso no vuelva a ocurrir. Las familias de las víctimas, aunque devastadas, siguen demandando respuestas y justicia para que sus hijos no hayan muerto en vano.
Este lamentable suceso marca un precedente en la lucha contra las violaciones de derechos humanos en Ecuador y pone en evidencia la necesidad de una reforma profunda en las instituciones de seguridad del país.
