Se reportan presuntos cobros por Apafa, reforzamiento académico y multas que condicionarían la matrícula de los estudiantes
La Defensoría del Pueblo informó que hasta el 24 de febrero supervisará el proceso de matrículas en las instituciones educativas de la región Puno, con el objetivo de prevenir actos irregulares y garantizar el respeto a la gratuidad de la educación pública. En ese contexto, Radio Onda Azul consultó a la ciudadanía: ¿qué dificultades ha tenido usted durante el proceso de matrícula en los centros educativos? recibiendo múltiples denuncias relacionadas con cobros indebidos, condicionamientos y presuntas deficiencias en la infraestructura escolar.
Entre los principales cuestionamientos figuran presuntos cobros indebidos bajo el concepto de Apafa, pagos por reforzamiento académico para estudiantes que pasan de primaria a secundaria, así como multas por inasistencia a reuniones que, según denunciaron, no fueron comunicadas oportunamente. También se alertó sobre aportes mensuales destinados a actividades sociales y aniversarios, los cuales —afirman— desvían la atención de la verdadera prioridad que es la educación. Algunos padres señalaron que estos pagos serían condicionantes para concretar la matrícula, situación que consideran irregular.
Asimismo, hubo críticas respecto al rol fiscalizador de las autoridades y pedidos para que se intervenga de manera más firme ante estas prácticas. Otros ciudadanos indicaron que las matrículas deberían tener costos razonables y plantearon que el proceso sea centralizado en la UGEL para evitar presuntos actos de corrupción. También se expresó preocupación por deficiencias en la infraestructura de algunos planteles, lo que pondría en riesgo la seguridad de los estudiantes.
Por su parte, Mario Gutiérrez, representante del CONEI Puno, expresó su indignación por las presuntas irregularidades que —según indicó— se repiten cada año durante el proceso de matrícula y ratificación, pues, aunque se anuncia que es gratuito, se estarían cobrando deudas pendientes y condicionando el inicio de clases al pago de aportes por Apafa, inasistencia a la escuela de padres u otros conceptos. Señaló que incluso se advierte a los padres que, si no cancelan lo adeudado, deben trasladar a sus hijos a otra institución, lo cual consideró injusto. En ese sentido, pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo para notificar, fiscalizar y sancionar a los directores que incurran en estas prácticas, y planteó que las sanciones no sean únicamente económicas, sino también mediante jornadas de trabajo comunitario, además de evitar la exigencia en la compra obligatoria de uniformes.
