El Ministerio Público evalúa la legalidad de las inmunidades otorgadas a Odebrecht, mientras las denuncias apuntan a posibles actos de encubrimiento y prevaricato
El fiscal supremo José Fernando Timarchi Meléndez, de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos de funcionarios públicos, ha iniciado una investigación preliminar contra el fiscal superior y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, por presuntos delitos de organización criminal, prevaricato y encubrimiento. Esta investigación se centra en las acciones de Vela relacionadas con la supuesta concesión de inmunidad penal a la empresa brasileña Odebrecht en diversos casos emblemáticos, como Cócteles, Kuntur, Gasoducto del Sur y Club de la Construcción.
La denuncia también involucra a la procuradora ad hoc Silva Carrión y al exprocurador Jorge Ramírez, y fue presentada por los abogados Luis Francia y Luis Pacheco Mandujano. De acuerdo con los denunciantes, los fiscales del Equipo Lava Jato habrían violado la normativa legal peruana al otorgar inmunidad a Odebrecht y sus funcionarios, como Jorge Barata, en casos que implican a importantes figuras políticas como Ollanta Humala, Keiko Fujimori y el Club de la Construcción.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía y la Procuraduría sostienen que la denuncia tiene como fin socavar el acuerdo de colaboración eficaz que permitió llevar a juicio a varios funcionarios corruptos, por lo que consideran que se trata de una persecución política.
En este contexto, se cuestiona también el rol de Vela Barba en la coordinación con el Ministerio Público brasileño, ya que, según los denunciantes, su participación en la recogida de testimonios de directivos de Odebrecht excedió su función y pudo haber sido un acto de encubrimiento. Los denunciantes aseguran que los acuerdos firmados con Odebrecht, como los relacionados con los casos Kuntur y Gasoducto del Sur, garantizaban inmunidad para la empresa brasileña, lo que pone en duda la legalidad de tales acuerdos y su impacto en la lucha contra la corrupción.
Fuente: La República