Ministerio Público sostiene que efectivos del Ejército habrían usado fuerza letal de manera arbitraria y desproporcionada durante operativo en Colcabamba
La fiscalía especializada en Derechos Humanos de Junín solicitó prisión preventiva para ocho miembros del Ejército acusados de disparar contra una camioneta en la que viajaban cinco jóvenes que murieron durante un operativo militar realizado en Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.
Según la investigación encabezada por el fiscal Johel Chamorro Makucachi, los efectivos habrían incurrido en homicidio calificado al emplear armamento de guerra de manera arbitraria, innecesaria y desproporcionada. El caso contradice la primera versión oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que afirmó que las víctimas estaban vinculadas al narcotráfico y que los militares dispararon porque el vehículo no acató la orden de detenerse.
Las pericias fiscales y necropsias revelaron múltiples impactos de bala en zonas vitales de las víctimas. El conductor Nilson Montenegro Valencia presentaba 51 orificios de bala, mientras que otros ocupantes también recibieron numerosos disparos en el cuerpo. La fiscalía sostiene que no existía una amenaza real contra los militares y que incluso se continuó disparando cuando el vehículo ya estaba inmovilizado.
El Ministerio Público investiga además la presunta ejecución de algunos sobrevivientes tras el ataque. Los militares implicados pertenecen a la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31 y ahora enfrentan un proceso judicial por graves violaciones a los derechos humanos.
