Más de 10 congresistas estarían involucrados en el caso de recorte de sueldo
Más de la mitad de los parlamentarios en el país presentan carpetas fiscales abiertas por diversos delitos, que son casos que se han conocido públicamente, uno de ellos es el de Freddy Díaz, quien fue inhabilitado por 10 años del sector ante una denuncia por presunta violación sexual. Sin embargo, no es el único que se encuentra en la lista de los legisladores con otros casos, de los cuales nueve ya tienen sentencia.
Son 50 funcionarios que están siendo investigados por presuntos delitos contra la administración pública, la fe pública y contra el patrimonio. Al mismo tiempo, otros 17 casos están vinculados con lavado de activos, delitos contenciosos administrativos y delitos contra la tranquilidad pública, entre otros.
El congresista de Podemos Perú, Luis Picón Quedo, es el que cuenta con más investigaciones. Son 136 presuntos delitos que habría cometido, los cuales se encuentran en diligencias en 78 carpetas por casos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad y más.
Cabe resaltar que, el Poder Judicial lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por el delito contra la administración pública porque benefició a una empresa con la compra de 34 ambulancias cuando era el presidente regional de Huánuco.
A este le sigue, con 36 investigaciones, el parlamentario de Fuerza Popular, Raúl Huamán quien en el 2002 se le abrió una investigación por corrupción, después de 19 años se le inició un proceso por “marcaje”.
Mientras que, el legislador José Pazo enfrenta múltiples acusaciones legales que abarcan diversos delitos que se incrementaron significativamente durante su cargo como alcalde de Sechura, en la región de Piura.
Al congresista Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso, se le abrió investigación durante su gestión como gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios y es así como tiene siete carpetas en la Fiscalía por más de 10 delitos.
Dentro de la Fiscalía de la Nación también se muestra el nombre del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien enfrenta cinco carpetas fiscales que lo involucran en diez delitos.
El congresista no agrupado, Edwin Martínez Talavera, enfrenta 10 carpetas fiscales y 21 acusaciones de delitos, en su mayoría por corrupción. Por su parte, Martínez aseveró que no fue condenado, solo recibió “advertencia” y “multa” en el caso de abuso de autoridad y el otro por manejar en aparente estado de ebriedad.
Fuente: Infobae
