Human Rights Watch y Cristosal revelan que al menos 40 migrantes fueron golpeados, abusados y sometidos a condiciones inhumanas en el CECOT, prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele
Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) y la organización centroamericana Cristosal ha encendido las alarmas internacionales tras revelar que decenas de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos habrían sido víctimas de torturas, abusos sexuales y tratos inhumanos dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador.
El documento, titulado “Llegaron al infierno”, recoge los testimonios de 40 venezolanos recluidos en el penal, quienes narraron haber sido golpeados con bastones, pateados y humillados por los custodios, mientras permanecían arrodillados y sin comunicación con el exterior. Algunos de ellos aseguraron haber sido trasladados a una zona conocida como “la isla”, utilizada como espacio de castigo por protestar contra los abusos.
“Desde que me bajaron del avión empezó la pesadilla”, relató Gonzalo, un joven de 26 años originario del estado Zulia, citado en el informe. “Un guardia me golpeó en la nuca apenas llegué. Nos decían que nunca saldríamos con vida”. Otro detenido, Nelson, confesó haber caído en una profunda depresión: “Pensé que muerto estaría mejor. Lo único que me dio fuerzas fue Dios y mi familia”.
Según HRW, las víctimas fueron trasladadas a El Salvador entre marzo y abril, bajo un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, que permitió el envío de 252 venezolanos acusados sin pruebas suficientes, según el informe de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
La investigación conjunta denuncia que la mitad de los venezolanos detenidos no tenía antecedentes penales, y solo un 3 % había sido condenado en EE. UU. por delitos violentos o potencialmente violentos.
Los investigadores documentaron condiciones extremas de hacinamiento, con diez personas por celda sin ventanas, agua contaminada y alimentación deficiente. Además, denunciaron que los internos eran obligados a fingir mejores condiciones cuando recibían visitas oficiales, ya que se les entregaban colchones y artículos de aseo temporalmente para ocultar la situación real.
HRW y Cristosal afirmaron que la negativa de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador a revelar el paradero de los detenidos podría constituir un caso de desaparición forzada, conforme al derecho internacional.
“El nivel de violencia y secretismo documentado muestra que no se trata de incidentes aislados, sino de violaciones sistemáticas de derechos humanos”, concluye el informe.
Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha emitido una respuesta oficial sobre las graves acusaciones.
