Judith Uceda Hidalgo, trabajadora de Seguros del Congreso, está acusada de inscribir a extrabajadores y sus familias como afiliados activos a una aseguradora, causando un perjuicio económico al Estado
La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro realizó intervenciones en diversas áreas administrativas del Congreso de la República, como Administración, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Tesorería, en el marco de una investigación por un presunto desfalco que supera el medio millón de soles. La investigación se centra en Judith Uceda Hidalgo, trabajadora del Área de Seguros del Congreso, quien es acusada de realizar descuentos indebidos a trabajadores, lo que habría generado un desfalco de más de 546.000 soles.
De acuerdo con la denuncia, Uceda Hidalgo habría inscrito a 16 extrabajadores y sus familiares como afiliados activos en una aseguradora, permitiéndoles acceder a servicios de salud privados sin tener vínculo laboral con la institución. Entre los beneficiarios directos de estos seguros fraudulentos se encuentran los padres de la acusada, quienes fueron dados de alta sin los descuentos correspondientes, lo que agravó aún más el perjuicio económico al Estado.
El caso, que fue destapado por Latina Noticias a mediados de 2024, ha puesto al descubierto serias fallas de supervisión en los procesos administrativos del Congreso, especialmente en el manejo de los seguros de salud para los trabajadores. Según las comunicaciones internas, la acusada habría admitido haber omitido información esencial para aplicar los descuentos, contribuyendo así a la irregularidad.
La Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro ha iniciado diligencias para recabar documentos claves en las áreas del Congreso implicadas en el proceso administrativo, con el fin de avanzar en la investigación.
Además de Uceda Hidalgo, se ha incluido en la denuncia a Ricardo Encalada Ormeño, quien tenía la responsabilidad de gestionar el ingreso de personal al seguro médico brindado por el Congreso. Encalada es señalado por incluir en la lista de afiliados a Ada Salas Báez y a su hijo David Ricardo Alejandro Lira Salas, quienes no laboraban en la institución. A pesar de ser advertido sobre la irregularidad en noviembre de 2023, Encalada mantuvo la afiliación, alterando información y vulnerando los controles internos del Congreso.
La Procuraduría del Congreso ha acusado a los involucrados de falsedad genérica, falsedad ideológica, omisión de funciones y peculado. Este caso resalta la necesidad de fortalecer los controles administrativos en el Congreso y otras instituciones públicas para evitar el mal uso de los recursos del Estado y garantizar la transparencia.
