Personalidades de la ciudad de Juliaca se pronunciaron públicamente ante la decisión de jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país de considerar como un delito a las protestas sociales.
Para Carlos Torres Rodríguez, director del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos CEPRODEH sede Juliaca, esta medida se trataría de criminalización de las protestas, pese a ser un derecho que le asiste al poblador.
Añadió que, al ser una decisión de esta instancia de justicia, dijo que no sería de obligatorio cumplimiento, pues hay jueces que pueden obviar el recurso de casación presentado en la región Ayacucho.
Asimismo, dijo que esto podría generar un conflicto de intereses, pues no habría forma para que la población podría ejercer sus reclamos. Añadió que ya se han generado debates al respecto y que se aplicarán mecanismos al respecto.
Por su parte, Crisóstomo Benique Apaza, ex presidente del Comité Central de Agua y Desagüe de Juliaca, dijo que este tipo de acciones va contra los intereses del pueblo, motivo por cual no se puede amordazar y seguirán los pronunciamientos en contra del nivel nacional.
