La sentencia final será este 6 de junio. Acusados podrían recibir penas severas tras 14 años de proceso judicial
Este 6 de junio, la Corte Suprema podría sentenciar hasta con 35 años de cárcel y una reparación civil de dos millones de soles a cinco dirigentes de la zona sur de Puno, en el marco del conocido caso del “Aymarazo”. Se trata de Walter Aduviri, José Cupi, Patricio Illacutipa, Rufino Machaca y Javier Pari, acusados de entorpecer servicios públicos durante las protestas de 2011 contra el Proyecto Minero Santa Ana de Bear Creek Mining Corporation.
Han pasado 14 años desde el inicio de este proceso que, en su momento, involucró a 49 personas entre dirigentes y pobladores. En 2019, todos fueron absueltos, con excepción de Walter Aduviri, pero el Ministerio del Interior apeló y el caso llegó a la Corte Suprema. Tras cuatro años de espera, la audiencia final ha sido fijada para la próxima semana, según lo dio a conocer José Cupi Claros, uno de los procesados.
El también exdirigente de la zona aimara, Cupi Claros, manifestó que el Ministerio Público lo acusa de instigar las protestas; sin embargo, aclaró que durante los hechos registrados en Puno en el año 2011 no se encontraba en esa ciudad, sino en Cusco, por un tema de salud médica, lo cual fue constatado por certificados y testimonios médicos. Por este motivo fue absuelto, pero hoy nuevamente espera una nueva sentencia tras la apelación de la Fiscalía.
Finalmente, Cupi Claros teme ser sentenciado debido a la coyuntura actual y a las decisiones del gobierno, que según dijo ha criminalizado la protesta, por lo que espera un veredicto a su favor.
