Rosemary Pioc cuestionó que Ernesto Álvarez atribuyera un “origen cultural” a la violencia sexual contra menores indígenas. La Defensoría del Pueblo advierte que las vulneraciones persisten y señala fallas en la prevención, atención y respuesta institucional
La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), Rosemary Pioc, anunció que impulsará una denuncia ante instancias internacionales contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, por sus declaraciones sobre los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes indígenas de Condorcanqui, Amazonas.
En declaraciones a Exitosa, Pioc calificó de “gravísimo” lo expresado por el titular del Ministerio de Justicia y cuestionó que relacionara las agresiones sexuales registradas en comunidades awajún y wampis con un supuesto “origen cultural”. La dirigente sostuvo que esta interpretación desconoce la realidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas.
“Las violaciones no son culturales”, afirmó Pioc, quien además cuestionó la respuesta de las autoridades frente a las denuncias que las organizaciones de mujeres vienen realizando desde hace varios años. La lideresa señaló que recurrirán a instancias internacionales debido a la gravedad de las declaraciones.
Los cuestionamientos surgieron después de la intervención de Álvarez, el 15 de septiembre, durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Al ser consultado sobre las medidas adoptadas por el Estado ante los casos de violencia sexual en Condorcanqui, el ministro afirmó inicialmente que existía un “hecho cultural que hay que corregir desde la raíz”.
Tras ser cuestionado por la presidenta de la comisión, Álvarez señaló que se había expresado de manera incorrecta y precisó que, según su explicación, los delitos tendrían un “origen cultural”. Al mismo tiempo, calificó estos hechos como un “delito abominable” y sostuvo que los responsables debían ser tratados como delincuentes, independientemente de su pertenencia a pueblos indígenas o de su condición de colonos.
Defensoría advierte que la violencia persiste
La controversia se produce mientras organismos públicos continúan identificando deficiencias en la respuesta frente a la violencia sexual contra menores en Condorcanqui.
En un informe publicado el 16 de septiembre, la Defensoría del Pueblo señaló que, a casi diez años de conocerse esta problemática, las vulneraciones persisten y afectan a niños, adolescentes y sus familias. La institución identificó omisiones en materia de prevención, atención, denuncia, registro y separación preventiva de personal denunciado por violencia sexual.
El documento también advierte que las demoras en algunos procedimientos ocasionaron su prescripción. Asimismo, señala deficiencias en residencias y servicios educativos para adolescentes indígenas, además de brechas en infraestructura, servicios básicos, materiales en las lenguas awajún y wampis, atención de salud y mecanismos de protección.
Entre sus recomendaciones, la Defensoría plantea fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia sexual, garantizar atención integral y asistencia legal para las víctimas y determinar responsabilidades por posibles omisiones o incumplimientos.
Estado implementa medidas
Frente a esta situación, el Estado cuenta con un Plan de Acción Intersectorial 2026 para Condorcanqui, en el que participan 16 entidades públicas y se contemplan 85 medidas en los sectores de salud, educación y protección, además de acciones de articulación institucional.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha señalado que este plan da continuidad a una intervención iniciada en 2024 y busca prevenir, atender y sancionar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en la provincia.
La respuesta estatal también ha sido objeto de evaluación internacional. En septiembre, una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA visitó Condorcanqui y sostuvo reuniones con autoridades, lideresas, organizaciones de mujeres y familiares de víctimas para conocer las condiciones de acceso a protección, salud y justicia.
El Poder Judicial informó que la misión destacó la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia en Amazonas y recomendó fortalecerlo. Este sistema comenzó a funcionar en Condorcanqui en enero de 2026 e incluye juzgados especializados para atender casos de violencia contra las mujeres y otros integrantes del grupo familiar.
La denuncia anunciada por Rosemary Pioc se produce en medio de esta nueva evaluación de las medidas adoptadas por el Estado frente a una problemática que las organizaciones indígenas vienen denunciando desde hace años y que las instituciones públicas continúan identificando como una situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
