Investigación revela que personas requeridas por delitos graves buscan postular en el 2026, mientras expertos exigen reformas urgentes para proteger la democracia
Una reciente investigación reveló que más de 250 personas con requisitorias por delitos graves, como homicidio, violación sexual, narcotráfico, secuestro y corrupción, están afiliadas a partidos políticos en el Perú. Esta situación genera gran preocupación de cara a las elecciones generales de 2026, pues algunos de estos ciudadanos incluso han expresado intenciones de postular a cargos públicos, a pesar de estar prófugos de la justicia.
El informe, basado en datos del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones y el Sistema de Requisitorias de la Policía Nacional, evidencia que los partidos no están realizando un filtro adecuado al momento de aceptar afiliaciones. La presencia de estas personas dentro de agrupaciones políticas no solo debilita la confianza ciudadana en el sistema electoral, sino que también representa un riesgo para la integridad de las instituciones democráticas.
Ante esta situación, especialistas y representantes de la sociedad civil exigen una reforma urgente en los mecanismos de inscripción partidaria. Proponen que el JNE y la ONPE trabajen en conjunto con el Poder Judicial y la Policía para implementar un control más riguroso que impida la participación política de personas con cuentas pendientes con la justicia. La transparencia y la ética deben ser pilares fundamentales en el camino hacia un proceso electoral limpio y confiable en 2026.
