Sindicatos, estudiantes, docentes y comunidades indígenas rechazaron las medidas del Ejecutivo y exigieron proteger los derechos sociales. Las autoridades reportaron seis detenciones y la oposición advirtió sobre un posible paro nacional indefinido en noviembre
Más de 62.000 personas participaron en las primeras grandes movilizaciones contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia, quien asumió el poder el pasado 7 de agosto. Las protestas reunieron a sindicatos, estudiantes, docentes, comunidades indígenas, colectivos feministas y organizaciones políticas que expresaron su rechazo a las medidas del Ejecutivo y defendieron los derechos sociales impulsados durante la anterior administración de Gustavo Petro.
Según el balance presentado por el mandatario, el 98 % de las manifestaciones se desarrolló de manera pacífica. Sin embargo, durante la noche, las fuerzas de seguridad dispersaron a grupos de manifestantes en Bogotá, Ibagué y Popayán mediante gases lacrimógenos y chorros de agua. Además, las autoridades reportaron seis detenciones por presuntos actos de vandalismo en Montería, Pasto e Ibagué.
La mayor concentración se registró en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, aunque también se realizaron movilizaciones en Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta. Entre las principales demandas figuraron la defensa de la educación pública, el salario mínimo, las reformas laborales y los subsidios a la energía eléctrica. Asimismo, los manifestantes cuestionaron el acercamiento del Gobierno con Estados Unidos y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel.
Oposición advierte sobre un posible paro nacional
Tras las movilizaciones, representantes de los sectores opositores advirtieron que las protestas podrían intensificarse en las próximas semanas y derivar en un paro nacional indefinido en noviembre. Antonio Sanguino, exministro de Trabajo durante el gobierno de Petro, señaló que la continuidad de las medidas dependerá de las decisiones del Ejecutivo y de su disposición a mantener las reformas sociales.
Por su parte, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, cuestionó los recortes anunciados en entidades públicas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). También expresó su preocupación por la eliminación de subsidios eléctricos, especialmente en la región Caribe.
El expresidente Gustavo Petro se sumó brevemente a la concentración en Bogotá y publicó en la red social X el mensaje: «El pueblo no se rinde, carajo».
Cuestionan medidas sobre la protesta social
En paralelo, el senador Iván Cepeda anunció que remitirá información periódica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluidos casos denunciados de violencia policial contra jóvenes e intervenciones en centros universitarios.
Las críticas también se centraron en el decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social y permite la intervención de las autoridades frente a actos violentos sin exigir que el diálogo previo sea una condición obligatoria. Mientras el Gobierno sostiene que la norma busca prevenir agresiones, daños a bienes públicos y bloqueos que afecten servicios de emergencia, sus detractores advierten sobre posibles restricciones al derecho de manifestación.
Asimismo, representantes de comunidades indígenas expresaron su preocupación por las iniciativas relacionadas con la regulación de la Guardia Indígena y señalaron que estas podrían afectar la defensa de sus territorios y derechos colectivos.
La jornada de protestas evidencia el rechazo de diversos sectores a las medidas del nuevo Gobierno y abre un escenario de tensión política, mientras la oposición evalúa nuevas acciones de movilización para las próximas semanas.
