Los profesores deben cumplir funciones administrativas mientras dure la medida preventiva. Los directores tienen un plazo de 24 horas para activar los protocolos de protección ante una denuncia.
El Ministerio de Educación (Minedu) recordó que los docentes investigados por presuntos delitos contra la libertad sexual no pueden permanecer en las aulas ni mantener contacto con los estudiantes cuando tienen vigente una medida de separación preventiva. El director de Desarrollo Docente del sector, Andrés Izaguirre, explicó que esta disposición comprende investigaciones por tocamientos indebidos, acoso sexual, hostigamiento mediante plataformas digitales y violación sexual.
Los profesores comprendidos en esta medida deben realizar funciones administrativas y mantenerse alejados de los escolares. Sin embargo, la separación preventiva no constituye una sanción definitiva. Su vigencia depende de la conclusión del procedimiento administrativo o judicial correspondiente. Desde 2024, el Minedu utiliza el Módulo de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD). Esta herramienta permite identificar a los docentes separados y generar alertas para evitar que continúen trabajando con estudiantes mientras tengan restricciones vigentes.
Según el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX), entre 2014 y el 14 de septiembre de 2026 se registraron 3.347 procedimientos concluidos con destitución por hechos contra la libertad sexual. Además, el sector identificó 432 expedientes de docentes investigados que todavía no tienen una decisión definitiva. De estos casos, 143 cuentan con procedimientos disciplinarios iniciados y nueve tienen informes finales pendientes de resolución.
El Minedu también recordó que los directores deben actuar dentro de las primeras 24 horas posteriores a una denuncia. Deben activar los protocolos de protección, disponer la separación preventiva cuando corresponda y comunicar los hechos a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Asimismo, deben garantizar la atención y el acompañamiento de la víctima. El incumplimiento de estas responsabilidades puede generar consecuencias administrativas y penales.
