El Ministerio Público alerta que el 75 % de delitos recientes están vinculados a actividades mineras ilegales en la región
El fiscal especializado en materia ambiental, Óscar Jiménez Chura, alertó sobre el incremento de la minería ilegal en la región Puno y su impacto en la seguridad, la vida humana y el orden social. Señaló que la problemática ya ha cobrado varias vidas y requiere una respuesta inmediata y coordinada entre instituciones del Estado.
“La situación es preocupante; no solo estamos hablando de actividad minera informal o ilegal en La Rinconada, Ananea o San Antonio de Putina, sino en varias provincias del departamento de Puno. La cifra de fallecidos a nivel nacional, con casos como el de Pataz (La Libertad), exige decisiones políticas urgentes”, afirmó.
Explicó que el Ministerio Público viene realizando constataciones en campo, aperturando investigaciones y formalizando denuncias en los casos detectados. No obstante, subrayó que la solución no solo depende del accionar fiscal, sino de un trabajo conjunto con la Policía Nacional y otras entidades con competencia.
“El objetivo debe ser generar paz social. No será al 100 %, pero sí reducir los niveles de violencia. Es necesario que la Policía adopte un rol más estratégico y coordinado con la fiscalía. También es fundamental sensibilizar a los mismos mineros para que se organicen y denuncien estos hechos”, remarcó.
Respecto a las leyes que actualmente regulan la minería, el fiscal expresó su preocupación por los efectos que podría estar causando el proceso de formalización (Reinfo), señalando que estas políticas deben ser reevaluadas en función de la realidad de cada región. “Cada zona del país —costa, sierra y selva— tiene sus particularidades, y las autoridades deben conocer a fondo esa realidad para implementar medidas eficaces”, indicó.
Finalmente, advirtió que los delitos vinculados a la minería ilegal, como los asaltos y extorsiones, han aumentado. “El 75 % de los hechos delictivos están centrados en ataques a actividades mineras, ya sean formales o ilegales. Esta es una evidencia clara del entorno de inseguridad que se está generando y que requiere intervención urgente”, dijo.
