Defensoría advierte que conflictos socioambientales de Puno llevan hasta 20 años sin solución integral y cuestiona la falta de asistencia técnica y la dispersión de espacios de diálogo
Jaime Calapuja, comisionado en temas medioambientales de la Oficina Defensorial de Puno, señaló que los principales conflictos socioambientales de Puno arrastran entre 13 y 20 años sin una solución integral. Citó los casos de las cuencas Ramis, cuyo conflicto data de 2006; Llallimayo, desde 2007; Suches, desde 2009; y Coata, desde 2013.
El funcionario advirtió que uno de los principales problemas es la falta de intervención técnica. Explicó que las autoridades suelen escuchar las demandas de la población, pero no necesariamente proporcionan asistencia especializada para identificar las causas del impacto ambiental y definir soluciones. Consideró que los gobiernos locales y regionales deberían contar con equipos técnicos que orienten tanto a las autoridades como a las comunidades afectadas.
También cuestionó la existencia de múltiples espacios de diálogo sobre un mismo conflicto, tomando como ejemplo la cuenca Ramis, donde identificaron hasta cinco espacios con diferentes actores. Según explicó, esta dispersión genera divergencias entre los acuerdos y hace que algunas decisiones no estén necesariamente orientadas a solucionar el impacto ambiental que originó el conflicto.
Otro aspecto relevante es que, según el entrevistado, las demandas de la población pueden terminar incorporando pedidos que no corresponden directamente a la remediación ambiental, por lo que consideró necesario fortalecer el acompañamiento técnico. Para la Defensoría, la prioridad debería ser identificar técnicamente el problema ambiental y, a partir de ello, establecer soluciones y responsabilidades concretas.
