El mandatario presentó su renuncia tras la intervención de Ueno Bank, pero el Congreso no logró aceptarla por falta de quórum. El Senado inició el proceso que podría terminar con su destitución.
La crisis política en Paraguay se intensificó luego de que el presidente Santiago Peña presentara su renuncia en medio del escándalo financiero de Ueno Bank. Sin embargo, el Congreso no logró aceptar su salida y acordó continuar con el juicio político en su contra. La decisión de Peña se produjo después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank por incumplir los niveles mínimos legales de solvencia. La situación afectó a cerca de tres millones de clientes, quienes quedaron temporalmente sin acceso a sus depósitos y servicios bancarios.
El mandatario anunció su renuncia mediante un mensaje difundido en redes sociales. Aseguró que tomó la decisión para preservar la estabilidad del país y pidió garantizar la devolución del dinero de los ahorristas. No obstante, la Cámara de Diputados aprobó iniciar un juicio político con el respaldo de legisladores de su propio partido. Posteriormente, el Congreso convocó a una sesión conjunta para evaluar la renuncia, pero la votación quedó suspendida por falta de quórum, luego de que varios legisladores abandonaran el pleno.
Con este escenario, Peña continúa en la presidencia y deberá responder a las acusaciones durante el proceso político. El Senado asumió la función de tribunal y convocó al mandatario para presentar sus argumentos de defensa. Uno de los motivos por los que congresistas opositores rechazaron aceptar su renuncia fue que, al dejar la Presidencia, Peña habría adquirido la condición de senador vitalicio y un fuero constitucional que podría dificultar una eventual investigación penal.
La principal acusación está relacionada con los vínculos económicos que Peña mantuvo con el grupo empresarial propietario de Ueno Bank. El mandatario tuvo acciones en esa compañía hasta 2025, dos años después de asumir la Presidencia. Los legisladores también cuestionan presuntos nombramientos de funcionarios vinculados a la entidad financiera y una posible intervención en el Instituto de Previsión Social para colocar fondos en el banco. Además, señalan posibles beneficios patrimoniales y cuestionan decisiones y omisiones de su gestión frente a la crisis financiera. Estas acusaciones deberán evaluarse durante el procedimiento y las investigaciones correspondientes.
El proceso contempla cinco etapas: la presentación de la acusación, la defensa del presidente, la evaluación de las pruebas, los alegatos y la votación final. Para destituir a Peña se necesitan al menos 30 votos de los 45 integrantes del Senado. De alcanzarse esa mayoría, el mandatario podría quedar expuesto a un proceso penal sin necesidad de iniciar previamente un procedimiento para retirarle el fuero de senador vitalicio. Peña anunció que participará en el juicio político y ejercerá su derecho a la defensa. También manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y garantizar que los ahorristas recuperen su dinero.
Mientras tanto, la crisis de Ueno Bank continúa generando preocupación. La entidad administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos y también manejaba recursos vinculados al sistema de pensiones y a instituciones estatales. La situación mantiene la atención sobre el futuro político de Peña y las responsabilidades que podrían establecerse por la intervención de la entidad financiera.
Fuente: BBC News Mundo.
