La CIDH advierte que el Estado peruano acumula más de veinte incumplimientos de sentencias internacionales y alerta que la nueva norma refuerza un patrón de impunidad y debilitamiento del Estado de derecho.
La aprobación de la controvertida ley de amnistía, que brinda beneficios a militares, policías y comités de autodefensa investigados por crímenes vinculados a la lucha contra el terrorismo, ha vuelto a situar al Perú bajo la lupa internacional. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comisionada Andrea Pochak ha alertado que el país se encuentra entre los Estados que más desacatos han registrado frente a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), evidenciando una resistencia sistemática al cumplimiento de sus obligaciones internacionales y un claro retroceso en el acceso a la justicia para las víctimas.
Con más de veinte casos de incumplimientos, la CIDH subraya que son pocos los países neolatinoamericanos que ostentan un saldo tan elevado de sentencias no acatadas. La promulgación de la Ley de Amnistía el 13 de agosto por parte de la presidenta Dina Boluarte fue presentada como un acto de justicia para quienes enfrentaron el terrorismo, pero para la Corte y la CIDH representa una norma incompatible con compromisos internacionales. En este contexto, la figura del control de convencionalidad adquiere suma relevancia, ya que los jueces tienen la responsabilidad de verificar que las leyes internas se ajusten a los estándares internacionales, lo cual convierte esta amnistía en jurídica y jurídicamente improcedente.
El impacto de esta decisión va más allá de lo legal y amenaza con deslegitimar aún más al sistema judicial y político. La norma ha generado rechazo entre víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que esta medida pone en riesgo la protección de derechos fundamentales y abre la puerta a la impunidad. La eventual salida del país de la jurisdicción de la Corte IDH, impulsada por algunos sectores, sería una decisión contradictoria si al mismo tiempo se pretende postular a representantes ante ese sistema. Además, el ritmo de incumplimientos —como lo evidencian decisiones pasadas vinculadas al indulto a Alberto Fujimori o la ley de prescripción de 2024— pone en evidencia un patrón persistente que compromete la institucionalidad democrática y el Estado de derecho peruano.
