La Policía Nacional indicó que la ex fiscal de la Nación ya no cuenta con resguardo policial, aunque su pedido de mantener protección está en evaluación. Defensa legal califica el retiro como una medida “irregular y grave”
La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó, mediante un comunicado oficial difundido este sábado, que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya no cuenta con seguridad del Estado, conforme a la normativa vigente que regula el resguardo a funcionarios en funciones. La medida se tomó luego de que se notificara su suspensión temporal por seis meses, lo que automáticamente desactiva su derecho a protección especial, según explicó la institución.
Sin embargo, la PNP también informó que Espinoza presentó un documento solicitando mantener el resguardo policial por razones de seguridad personal. Este pedido se encuentra en proceso de evaluación.
La defensa legal de Espinoza, representada por el abogado Luciano López, denunció que la medida es “abiertamente irregular” desde el punto de vista legal, pues ella aún ostenta el cargo de fiscal suprema, aunque esté suspendida en sus funciones. “Es un acto muy grave”, dijo López, señalando además que esta decisión fue advertida durante una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se discutieron medidas cautelares para proteger la integridad de Espinoza.
En una conferencia de prensa, la suspendida fiscal hizo un llamado público al Ministerio del Interior para que se garantice su seguridad. “Temo por mi vida”, declaró, alegando que las investigaciones que lideró contra altas autoridades, incluidos la presidenta Dina Boluarte y varios congresistas, la colocan en una situación de alto riesgo.
López subrayó que Espinoza ha enfrentado al poder político y que existen antecedentes que justificarían mantener su protección. Cuestionó que, a pesar de las advertencias y de la información de inteligencia disponible, se haya decidido retirarle la custodia policial.
La decisión final sobre el restablecimiento del resguardo quedará en manos de la PNP, que aseguró actuar con base en criterios técnicos y dentro del marco legal vigente.
Fuente: Rpp
