El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dio a conocer la publicación, del Decreto Legislativo N°1589 que amplía a 15 años de pena privativa de la libertad por bloquear carreteras, puertos y aeropuertos.
En la víspera, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dio a conocer la publicación, en la edición extraordinaria de normas legales del Diario El Peruano, el Decreto Legislativo N°1589 que modifica el código penal para garantizar la seguridad y tranquilidad pública en el que amplían a 15 años de pena privativa de la libertad por bloquear carreteras, puertos y aeropuertos, en un contexto en el que se anuncian protestas desde el 7 de diciembre contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. En ese contexto, Onda Azul preguntó: ¿Está de acuerdo con las medidas legales dispuestas por el gobierno previo a las protestas anunciadas para los siguientes días?
Al respecto, desde los distritos de Santa Lucía, Platería, Conima, Asillo, San Antón y provincias de Puno, Juliaca, Azángaro y Juli, nuestros oyentes calificaron de represivo este dispositivo legal, debido a que las autoridades como Dina Boluarte y Alberto Otárola quieren continuar ejerciendo el poder a su antojo, despojando a la población de su libre derecho a la protesta, “lo que se pretende es intimidar y perseguir con más fuerza a los dirigentes sociales, es una actitud desesperada que va a generar más provocación”, manifestó Pedro desde la ciudad de Juliaca.
En contraparte, algunos de los oyentes señalaron estar a favor de esta medida legal, avalándose en su derecho de la libre transitabilidad, “las medidas son muy saludables, porque en la región se realizaron malas acciones, no se puede destruir nuestro pueblo, deben protestar sin bloquear vías, su protesta es legal, pero tenemos derecho al libre tránsito”, dijo Víctor en la ciudad de Puno.
Por otro lado, el jurista puneño, Santiago Molina Lazo, indicó que toda pena debe precisarse con razonabilidad y proporcionalidad al hecho o conducta del infractor, por lo que en este caso no habría concordancia alguna, “el gobierno está cometiendo despropósitos jurídicos”, precisó.
