Rocío Apaza, comisionada de la Oficina Defensorial de Puno, indicó que, las personas con discapacidad que tienen deficiencia física, sensorial y mental, es una población muy diversa que cada una tiene necesidades diferentes.
En el año 2020 realizaron un diagnóstico de personas con discapacidad con énfasis en educación, trabajo y salud mental, donde lograron reunirse con diferentes asociaciones y padres de familia de la región de Puno, y dieron a conocer que sus hijos no podían acceder a una educación de calidad. En el caso de un niño que tiene discapacidad física, algunos directores decían que su institución no era accesible, no podían recibirlo y que busque otro centro educativo adecuado.
Especificó que, los más vulnerables son los niños con discapacidad auditiva, visual y comunicación, porque en la región de Puno, no hay intérpretes en lenguaje de señas, a pesar de que la sociedad debe ser inclusiva. Las instituciones públicas que prestan servicios públicos están obligadas, según el artículo 4 de la Ley 29535, que otorga reconocimiento oficial de la lengua de señas.
Explicó que, no hay un presupuesto directamente asignado para este grupo, pero desde el Ministerio de Educación asignan un presupuesto para el programa presupuestal 106, que son asignados a las direcciones regionales de educación, dirigido a los Centros de Educación Básica Especial (CEBES), para la atención de estudiantes con discapacidad severa, sin embargo, cuando se habla de discapacidad se tiene casos leves, moderado y grave, donde se habla de una educación inclusiva quienes están en la educación básica regular en el nivel inicial, primaria, secundaria y superior.
Precisó que, en la región de Puno solo se cuenta con 11 CEBES, donde solo atenderían estudiantes con discapacidad grave, dejando de lado a los estudiantes con discapacidad leve y moderada que se encuentran en la educación básica regular, no hay un presupuesto directamente para ellos. Recomiendan que, el MINEDU garantice presupuesto y material educativo según cada tipo de discapacidad.
Recordó que, el Decreto Supremo N°007- 2021, establece que los docentes que tienen estudiantes con discapacidad deben ser asesorados por el personal de especialista de los SANES, que sería un equipo multidisciplinario que atiende y brinda asesoramiento a los docentes de instituciones educativas regulares para la enseñanza del estudiante, lo que al parecer no se está dando cumplimiento.
Lamentó que, desde la Dirección Regional de Educación no precisan cuantos estudiantes con discapacidad matriculados se tiene en las instituciones educativas públicas y privadas en el presente año 2023 a nivel de la región de Puno.
Recomendó que, los padres de familia que tengan hijos con discapacidad o con alguna necesidad educativa especial, deben pedir a los directores y/o docentes de la institución educativa que lo registren en el SIAGIE como estudiante con discapacidad, precisando qué tipo de discapacidad tiene, esta información será tomada en consideración por el MINEDU para que delegue al SANES para que pueda brindar asesoramiento a los docentes.
Muchos niños con discapacidad no estarían siendo reportados como estudiante con discapacidad, lo que perjudica que se financien a los CEBES en la región de Puno.
