El proyecto de Ahora Nación plantea sanciones penales, administrativas y electorales para quienes utilicen redes digitales automatizadas o perfiles falsos con fines de manipulación electoral
La bancada de diputados de Ahora Nación presentó un proyecto de ley que propone sancionar con hasta ocho años de pena privativa de libertad a quienes creen, administren, financien, operen, dirijan o contraten las denominadas “granjas de trolls” o bots con el objetivo de manipular o alterar ilegítimamente la formación de la voluntad electoral.
La iniciativa, de autoría del parlamentario César Muedas, plantea modificaciones a la Ley de Delitos Informáticos, la Ley del Servicio Civil y la Ley de Organizaciones Políticas. El proyecto fue presentado el último viernes y está pendiente de ser derivado a una comisión parlamentaria para su debate.
¿Qué propone el proyecto?
La propuesta plantea incorporar un nuevo delito a la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos. Según el texto, quienes utilicen tecnologías de la información para crear o administrar redes digitales automatizadas o inauténticas, mediante perfiles falsos o bots, con el propósito de difundir sistemáticamente imputaciones falsas o atribuir hechos falsos con relevancia electoral, podrían recibir entre 4 y 6 años de prisión, además de días-multa.
La pena aumentaría a entre 5 y 8 años de cárcel cuando se presenten circunstancias agravantes. Entre ellas se contempla el financiamiento de estas operaciones con recursos provenientes de fuentes prohibidas por la legislación electoral, así como la participación de autoridades, funcionarios o servidores públicos.
También se considerarían agravantes el uso de fondos, bienes o recursos de entidades públicas, la participación de dirigentes, fundadores, afiliados o aportantes de organizaciones políticas, y el empleo de inteligencia artificial, deepfakes o contenido sintético para atribuir declaraciones o hechos falsos a candidatos o autoridades electorales.
Asimismo, la propuesta contempla una agravación cuando estas actividades sean realizadas como parte de las operaciones de una organización criminal o por encargo de esta.
Sanciones administrativas y electorales
El proyecto también plantea incorporar estas conductas como faltas disciplinarias en la Ley del Servicio Civil. De acuerdo con su gravedad, podrían generar suspensión temporal o destitución, previo proceso administrativo.
Entre las conductas contempladas se encuentra la participación en la amplificación artificial de contenidos, tendencias o aparentes respaldos ciudadanos, así como la difusión coordinada de ataques contra el honor o la reputación de una persona.
En materia electoral, la iniciativa propone que la creación, promoción, financiamiento, contratación o utilización de redes digitales automatizadas o inauténticas para difundir publicidad no declarada o imputaciones falsas sea considerada una infracción muy grave en la Ley de Organizaciones Políticas.
Además, plantea que las organizaciones políticas informen a la ONPE sobre los gastos relacionados con publicidad y propaganda digital, contratación de agencias o consultores de comunicación digital, administración profesional de cuentas, sistemas automatizados, inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas destinadas a la comunicación electoral.
Finalmente, el proyecto propone que la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú establezcan mecanismos de coordinación, dentro de sus respectivas competencias, para prevenir, detectar, investigar y perseguir operaciones digitales ilícitas que puedan afectar los procesos electorales.
Fuente: Rpp
