Además las instituciones tienen que presentar sus planes de recuperación ante la UGEL con las características de la educación a distancia.
La jefa de asesoría jurídica de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), Roxana Pari Bravo, informó a través de Radio Onda Azul, que los promotores de las instituciones educativas privadas están en el deber de negociar con los padres de familia el ajuste o reducción de las pensiones de enseñanza.
Explicó que una institución educativa privada oferta el servicio educativo, que incluye el aspecto pedagógico, emocional, uso de una infraestructura, equipamiento, espacios recreativos, entre otros. Sin embargo a raíz de la emergencia nacional se genera una modificación en el servicio. “Las instituciones educativas están en el deber de reducir las pensiones de enseñanza de acuerdo al servicio que brindan actualmente”, declaró.
Aclaró que el ente regulador en temas pedagógicos y técnicos es el Estado y como tal la Dirección Regional de Educación de Puno, tiene la potestad de fiscalizar y controlar el servicio de educación que se brindan en las instituciones educativas públicas y privadas.
Por su parte el director de Gestión Pedagógica de la DREP, Yoni Grande Mamani, señaló que las instituciones educativas privadas tienen que reorientar su planificación y presentar un plan de recuperación con las características de la educación a distancia ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y de ser el caso ante los usuarios que son los padres de familia.
Precisó que en la Resolución Viceministerial 090 – 2020 se brinda orientaciones sobre las estrategias, metas y objetivos para el logro de aprendizajes. “En el plan se debe describir las estrategias para la prestación del servicio a distancia con sus respectivas herramientas metodológicas”, expresó.
Por otro lado, se prevé la elaboración de un decreto legislativo para obligar a las instituciones educativas privadas, informar al padre de familia los costos que se generan para brindar la educación a distancia y de esta manera contrastar si justifica el monto de pensiones de enseñanza que pretenden cobrar durante la emergencia nacional.
