El analista político y abogado, Luis Miguel Pino Ponce, calificó como “pérdida de tiempo” la medida cautelar interpuesta por el Gobierno Regional de Puno ante el Poder Judicial para paralizar el inicio del Proyecto Vilavilani II fase I por parte de la región Tacna, ya que al ser una contienda de acciones competenciales, debió ser planteado ante el Tribunal Constitucional.
Así mismo, detalló que si bien, el Poder Judicial puede admitir la acción de amparo, eso no significa que le dé la razón a la región, “al final esta instancia va indicar que al existir un órgano que va a resolver la competencia de dos gobiernos regionales, declarará improcedente el pedido”, sostuvo Pino Ponce.
Finalmente, indicó que el Consejo Regional es el que a través de un acuerdo regional debe habilitar al procurador para que en representación del Gobierno Regional de Puno promueva la acción competencial en contra de la competencia atribuida del Gobierno Regional de Tacna, para iniciar con el trasvase de aguas altoandinas de Puno hacia su jurisdicción, “Esta acción que demorará entre dos a tres meses, es un proceso eminentemente de informes y técnico”, concluyó.
