El abogado Rolando Jiménez opinó que el Congreso de la República tiene que asumir el rol de fiscalizar a la Contraloría General de la República, tras generarse observaciones en la compra de los equipos de protección personal, por la emergencia nacional. “El parlamento podría iniciar con este proceso, citando al contralor para que informe sobre las adquisiciones que se hizo en la institución que dirige”, precisó.
Señaló que a la Contraloría se le delegó la función de fiscalizar la adquisición de bienes por parte de las instituciones públicas en esta etapa de emergencia, pero si esta misma institución incurre en el error de comprar indumentarias o insumos sobrevalorados, también debe ser fiscalizada.
Asimismo, consideró que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), así como Indecopi podrían hacer una fiscalización en las farmacias, para regular el acaparamiento y sobrevaloración de los productos que expenden.
Mientras que la fiscalía también debería intervenir de oficio, si toman conocimiento de una sobrevaloración de precios en las compras de equipos de protección personal, equipos de bioseguridad o medicamentos.
