Renovación Popular impulsa un proyecto de ley que plantea hasta seis años de cárcel por “apología al delito agravado”


Renovación Popular impulsa un proyecto de ley

La iniciativa impulsada por el diputado Aldo Bravo busca sancionar la promoción o legitimación de actos violentos, pero la Asociación Nacional de Periodistas advierte que sus términos ambiguos podrían afectar la libertad de prensa

El partido Renovación Popular impulsa un proyecto de ley que propone incorporar al Código Penal el delito de “apología al delito agravado”, con penas de entre cuatro y seis años de prisión para quienes, mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otros espacios de difusión, promuevan o legitimen el uso de explosivos, sustancias peligrosas u otros medios capaces de causar daños a personas o al Estado.

La propuesta, presentada por el diputado Aldo Bravo y respaldada por integrantes de su bancada, sostiene que no busca criminalizar las opiniones, críticas políticas ni las manifestaciones legítimas. Sin embargo, plantea considerar como agravante el uso de medios de comunicación y plataformas digitales, así como la participación de periodistas, comunicadores, influencers, líderes de opinión y personas con capacidad de convocatoria.

El proyecto también señala que la evaluación de una conducta deberá considerar el contexto, la finalidad, la capacidad de influencia y la existencia de un riesgo concreto. No obstante, la falta de una delimitación precisa sobre qué acciones podrían ser consideradas como promoción o legitimación genera cuestionamientos.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, advirtió que los términos empleados son demasiado amplios y podrían otorgar un margen excesivo de interpretación a fiscales, policías y jueces. Señaló que incluso la difusión de declaraciones de actores de una protesta podría generar riesgos para periodistas si la norma es aprobada.

Lainez sostuvo que perseguir la incitación a la violencia es legítimo, pero consideró necesario establecer límites claros para evitar que una norma de este tipo termine afectando el ejercicio periodístico y las libertades informativas.

Fuente: La República