Elaborado por: Viviana Curtihuanca Lima
En una controversial votación y tras varios meses de idas y vueltas, el 07 de marzo el pleno del Congreso de la República, aprobó inhabilitar de la función pública por diez años a los magistrados Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por infracción a la Constitución.
De acuerdo a la denuncia, los integrantes de la JNJ permitieron la continuidad de Luz Inés Tello al superar los 75 años, sin considerar que el requisito de tener entre 45 y 75 años para ser parte de los miembros titulares, además, que los magistrados habrían solicitado a Servir, opinión para interpretar dicho requisito, con el mandato de cinco años para el ejercicio del cargo, previsto en la Constitución.
En esta votación los parlamentarios, José Luna Gálvez y José Jerí Oré, emitieron votos determinantes para la inhabilitación de Inés Tello, los cuales no debieron ser considerados ya que ambos son parte de la Comisión Permanente, y están impedidos de participar en el Pleno, cometiendo así una grave infracción contra el artículo 100 de la Constitución Política.
Debido a ello, Inés Tello envió una carta al entonces presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, en el que exigía que se declare nula la votación que determinó su inhabilitación.
Esta infracción, fue uno de los motivos por el cual el Poder Judicial, admitió la demanda de amparo presentada por los magistrados inhabilitados Tello y Vásquez, ordenando así, su restitución inmediata.
El congreso no quedó contento con esta disposición y presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, el mismo que fue declarado infundado, estableciendo así que el Poder Judicial no infringió las funciones del Congreso y por tanto es válido que el congreso deba ser controlado judicialmente cuando ejercen mecanismos de control como el juicio político, así lo explicó Omar Cairo, abogado de la magistrada Inés Tello.
La intención del Congreso, así como otros de sus intentos, es lograr el control absoluto de diversas instituciones, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, controlar la administración de justicia y el desarrollo de elecciones democráticas en el 2026.
