La Quinta Sala Penal absolvió al joven puneño del delito de disturbios y anuló la sentencia de seis años de prisión efectiva emitida en primera instancia
El abogado Juan Monzón informó que la Quinta Sala Penal de la Corte Suprema de Lima revocó la sentencia de seis años de prisión efectiva impuesta contra Richard Condori Ccama por el delito de disturbios, relacionado con las protestas ocurridas en enero de 2023 en la ciudad de Lima.
El letrado explicó que la sala declaró fundada la apelación presentada por la defensa técnica y absolvió a Condori Capa de todos los cargos formulados por el Ministerio Público. Asimismo, quedaron anuladas las medidas accesorias dictadas en primera instancia, entre ellas el pago de reparación civil, multa económica y la obligación de someterse a tratamiento terapéutico.
Según Monzón, la sentencia inicial había sido emitida por la jueza Vilma Quispe Huamán, quien condenó al joven puneño a seis años de pena privativa de libertad efectiva y ordenó además su ubicación y captura inmediata. El abogado cuestionó duramente dicha resolución, señalando que fue “parcializada” y que no valoró los argumentos ni las pruebas presentadas por la defensa.
Recordó que acompañó a Richard Condori desde su detención en Lima durante las protestas sociales de 2023. Indicó que el estudiante fue intervenido y trasladado a la Comisaría de Cotabambas, donde logró recuperar su libertad dentro de las primeras 24 horas, mientras otros detenidos permanecieron más tiempo retenidos o afrontaron prisión preventiva.
En relación con la decisión de la Quinta Sala Penal, el abogado sostuvo que el colegiado determinó que no se logró destruir el principio de presunción de inocencia. Añadió que las declaraciones de los policías que participaron como testigos presentaban contradicciones y falta de uniformidad, situación que fue tomada en cuenta para revocar la condena.
También cuestionó algunos argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia, asegurando que la jueza habría utilizado aspectos académicos y personales del joven como supuestos indicadores de “conducta violenta”. Afirmó además que, la defensa evalúa presentar acciones contra la magistrada ante los órganos de control correspondientes por presuntos excesos cometidos durante el proceso.
Otro aspecto denunciado por la defensa fue la demora en la notificación de la sentencia emitida en noviembre de 2025. Según explicó el abogado, tuvieron que viajar a Lima para exigir la entrega formal de la resolución y así poder interponer la apelación dentro de los plazos establecidos.
Finalmente, el letrado señaló que esperarán conocer el contenido completo de la sentencia de vista para determinar si corresponde iniciar acciones legales contra algunos testigos policiales por presuntas declaraciones falsas durante el juicio.
