A pesar de avances en registros, la falta de oportunidades, especialistas y fiscalización impide una verdadera inclusión laboral
La situación laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno sigue siendo preocupante. De las más de 600 personas identificadas con alguna discapacidad, apenas el 15 % cuenta con un empleo formal, según informó el Lic. José Aldazábal Cáceres, encargado de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad.
Aldazábal explicó que el número de personas registradas aumentó de 450 a más de 600 en el último año, gracias a una mayor visibilización y sensibilización sobre los derechos de este grupo poblacional. Sin embargo, las oportunidades laborales continúan siendo escasas.
“En la Municipalidad de Puno laboran poco más de una docena de personas con discapacidad, una cifra que cumple parcialmente con la cuota legal establecida”, precisó. El funcionario recordó que, desde el 2 de enero, se envió un documento a la Oficina de Recursos Humanos solicitando el cumplimiento de la cuota laboral, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta. Además, señaló que la falta de especialistas en sistema Braille y traductores de lenguaje de señas dificulta la realización de talleres inclusivos, por lo que muchas veces deben recurrir a servicios particulares.
Por su parte, Liu Arias, especialista en capacitación de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) Puno, recordó que la institución cumple la función de orientar y sensibilizar a las empresas sobre el cumplimiento de la Ley N.º 29973, que establece la cuota laboral para personas con discapacidad. Según la norma, las empresas privadas con 50 o más trabajadores están obligadas a contratar como mínimo el 3 % de personas con discapacidad, mientras que en el sector público la cuota asciende al 5 %. Asimismo, la ley promueve la creación de empresas promocionales, que pueden acceder a beneficios tributarios si más del 30 % de su personal está conformado por personas con discapacidad.
“La obligación existe, pero la fiscalización corresponde a Sunafil. Desde la DRTPE realizamos campañas de orientación y sensibilización, pero el cumplimiento efectivo depende de la supervisión”, señaló Arias.
A pesar de los esfuerzos institucionales, Aldazábal sostuvo que la mayoría de las personas con discapacidad solo cuenta con educación secundaria y escasa experiencia laboral, lo que limita su acceso a empleos formales. “Seguimos impulsando talleres técnicos para fortalecer sus capacidades y mejorar su empleabilidad”, afirmó.
Mientras tanto, cientos de personas con discapacidad en Puno siguen esperando que se cumpla la ley y se les brinde una verdadera oportunidad laboral acorde con sus habilidades y potencial.
